Como un enorme error que amenaza el futuro de la salud de todos los colombianos calificó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la aprobación del proyecto de Ley 339, en segundo debate en la Cámara de Representantes.
De acuerdo con el dirigente gremial, la reforma que fue aprobada deja más inquietudes que respuestas para todos los agentes del sistema y en especial a los usuarios que no saben de qué manera deben continuar con sus tratamientos y citas médicas de seguimiento. Adicionalmente borra un sistema construido y aprobado a través de los años, que si bien es cierto tiene oportunidades de mejora que exigen ajustes permanentes, los debería solucionar el Gobierno Nacional sin que se requiera una ley.
El vocero llamó la atención sobre las dudas que surgen en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema; continuidad de los tratamientos, transitoriedad; contratación e infraestructura; así como la eliminación de la libertad que tiene el usuario de escoger su prestador del servicio, lo que a falta de competencia eventualmente implicaría la disminución de la calidad, hecho que pondría en riesgo a los millones de usuarios del sistema de salud.
Así mismo, según el vocero de Fenlaco, de aprobarse el texto en los siguientes debates, quedaríamos en manos de funcionarios públicos, de origen político, elegidos a dedo, que decidirán qué les conviene o no a los pacientes y a qué tratamientos, procedimientos o productos farmacéuticos podrán acceder.
“Esperamos que la discusión en el Senado esté a la altura para debatir y profundizar en esos puntos delicados y que los congresistas sean conscientes de la inmensa responsabilidad que implica aprobar una reforma que eventualmente puede traer más problemas que soluciones.
Hacemos un llamado a los congresistas para que tengan en cuenta que el efecto negativo de la reforma a la salud no solo será patrimonial, sino que afectará la vida de miles de colombianos”, concluyó Cabal Sanclemente.
Entre tanto, desde la Andi y las Cámaras de la Salud de la Asociación, que agremian a los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías del sector, manifestaron su preocupación por el texto de la reforma a la salud aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes.
Este proyecto pone en riesgo los avances progresivos adquiridos en la protección del derecho fundamental a la salud de los últimos 30 años, lo cual va en contravía con el principio constitucional de no regresividad que limita la función legislativa. “No podemos permitir que empecemos a depender de un sistema improvisado, político, susceptible a inmensa corrupción y totalmente inoperante, donde los afectados seríamos todos los colombianos”.
Colombia y sus ciudadanos requieren conocer con total claridad cómo será la ruta de acceso a la atención en salud y cómo funcionará el sistema; quién garantizará la oportunidad de los tratamientos y la dispensación de sus medicamentos; y cuál será la entidad responsable de la prestación integral de los servicios de salud, desde la prevención y el diagnóstico, hasta el tratamiento y los cuidados paliativos.
Es deber de las ramas del poder público proteger el derecho fundamental a la salud, por ello confian en que el Senado de la República haga un debate serio, responsable y consciente de las implicaciones que esto tiene en términos de prestación del servicio y cobertura para los ciudadanos.
Se debe evitar crear vacíos legislativos que propicien actos de corrupción, o de presión indebida a los pacientes y que, por el contrario, construya fórmulas que permitan resolver los reales retos que aun enfrenta el sistema, tales como: barreras de acceso, mayores programas de promoción y prevención de la salud, atención en zonas dispersas, carencia de talento humano en salud, insuficiencia de recursos y controles efectivos para garantizar el adecuado y correcto flujo de recursos en el sistema.
Al Gobierno Nacional le solicitaron activar mecanismos de diálogo efectivo, que realmente tengan en cuenta las opiniones de los diferentes actores del país. “Han sido múltiples los intentos hechos por los gremios, las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas de poder ser parte de este debate que nos concierne a todos. Sin embargo, la constante ha sido la de no hacernos participes o, en el caso de que sí, no tener en cuenta las opiniones cuando son distintas a las de los promotores del proyecto de ley”.
Por eso, hicieron un llamado para que, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, toda Colombia se concentre en asegurar que el sector salud les responda a los pacientes hoy en día. Esa es la responsabilidad legal y constitucional del Estado.
“Desde hace meses hemos llamado reiteradamente la atención para que se ponga en marcha un plan de estabilización, que más allá de la discusión de la reforma, garantice el normal funcionamiento y la normal atención a los pacientes. Son constantes las alertas de los operadores del sistema en términos de insuficiencia de recursos, o de falta de oportunidad en el giro de estos. La discusión de la reforma ha ocupado todos los espacios y, mientras esto sucede, se han dilatado u omitido las acciones que se requieren para la correcta operación del sistema, pero la protección de los pacientes y las familias debe ser una prioridad para todos, tanto hoy, como en el futuro”.
