La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazó de manera categórica el mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente “pueden salir de su puesto”.
Asocapitales considera inaceptable que desde la más alta magistratura del Estado se sugiera públicamente la posibilidad de sacar del cargo a alcaldes y alcaldesas de Colombia. Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida sobre autoridades que ejercen funciones constitucionales y legales en representación de sus comunidades.
En una democracia constitucional, ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción del cargo por fuera de los cauces institucionales. El respeto por la autonomía territorial, la separación de poderes, el debido proceso y las garantías del mandato popular constituyen pilares esenciales del orden constitucional colombiano.
La jurisprudencia constitucional colombiana, en armonía con los estándares interamericanos de derechos humanos, ha reforzado la protección de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular y ha precisado que, tratándose de funcionarios elegidos por voto popular en ejercicio de sus funciones, la imposición definitiva de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad exige intervención judicial.
Por ello, Asocapitales hace un llamado respetuoso pero firme al señor Presidente de la República para que se abstenga de emitir expresiones que puedan interpretarse como amenazas, amedrentamientos o mecanismos de presión contra alcaldes y alcaldesas del país. Las diferencias institucionales deben tramitarse por las vías constitucionales y legales, con pleno respeto por la autonomía territorial y por la legitimidad democrática que deriva del voto ciudadano.
Asocapitales reitera su compromiso con la defensa de la democracia territorial, la autonomía local, el debido proceso y el respeto por el mandato popular expresado por los ciudadanos en las urnas.
