Pese a conservar el grado de inversión, el país se encuentra transitando una cornisa fiscal cada vez más preocupante. Un reporte de Crowe Co advierte que el incremento sostenido de la deuda pública, el déficit fiscal crónico y la inestabilidad política ya están minando la estabilidad económica. Estos factores han encarecido el crédito, frenado la creación de empleo y elevado el costo de vida. Las cifras oficiales muestran una situación que debe ser observada con lupa por ciudadanos y el sector productivo.

Según el Ministerio de Hacienda y el FMI, Colombia cerró 2024 con un déficit fiscal del 6,8% del PIB, superando el tope legal del 5,6%. Esta coyuntura obedeció a una caída histórica del recaudo tributario —más de $18,5 billones menos que en 2023— y a un aumento del gasto primario, pese a los recortes aplicados al final del año. La deuda pública llegó al 61,3% del PIB, y Fitch proyecta que podría superar el 62% en 2026, comprometiendo la capacidad del Estado para invertir, pagar intereses y mantener programas sociales.

Juan Carlos Arbeláez, socio de impuestos y asuntos legales de Crowe Co y autor del reporte, explica que estos factores afectan directamente la inversión en programas sociales e infraestructura. También advierte que el alza en el pago de intereses limita aún más los recursos disponibles, provocando posibles recortes en subsidios y empleo impactando directamente a los colombianos de a pie.

Las principales agencias de calificación crediticia —Moody’s, S&P y Fitch— cambiaron la perspectiva del país de estable a negativa, lo que refuerza el riesgo de perder el grado de inversión que la nación ha mantenido desde 2011. Esto tendría efectos negativos en cadena. “Ya no es un tema técnico, sino que impacta directamente al ciudadano común, encareciendo las tasas de interés y afectando desde créditos hipotecarios hasta financiamiento empresarial”, señala Arbeláez.

En respuesta, el Gobierno ha implementado recortes por más de $12 billones e intentó una reforma tributaria en 2024, que no prosperó. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), se requiere un ajuste fiscal adicional de $46 billones en 2025 —equivalente al 2,6% del PIB— para cumplir con la norma fiscal vigente. Una utopía si se tiene en cuenta la situación actual que atraviesa el país.

Hogares afectados: inflación, más impuestos y menos subsidios

La crisis fiscal ya se traduce en efectos directos para las familias y aunque la inflación ha cedido levemente, los alimentos siguen caros, afectando su poder adquisitivo.

Uno de los ejemplos más críticos fue la suspensión del programa “Mi Casa Ya” a finales de 2024 por falta de recursos. Aunque se reactivó en marzo de 2025, unos 40.500 hogares perdieron la cobertura de tasa de interés, lo que incrementó sus cuotas hasta en un 30%. Además, unas 49.000 familias podrían desistir de comprar vivienda este año por la reducción en subsidios, golpeando al sector de la construcción.

La educación también ha sufrido. El Icetex redujo en 40.000 los cupos de crédito educativo respecto a 2024, tras una caída del 33% en su presupuesto (de $1,2 billones a $859.036 millones). Además, eliminó los subsidios a tasas de interés para estudiantes vulnerables, encareciendo los créditos en promedio un 17%.

Otro factor es la tasa de usura, que marca el interés máximo legal para tarjetas y préstamos de libre inversión, ubicada en 25,97% actualmente. Esto dificulta aún más el acceso a financiación. Mientras tanto, el Gobierno recorta gastos en salud, educación y programas sociales para controlar el déficit.

Arbeláez insiste en que “Colombia necesita una reforma fiscal estructural que controle el gasto, amplíe la base tributaria, elimine exenciones injustificadas y enfrente la evasión”.

Pymes bajo presión: menos crédito y más impuestos

Las pequeñas y medianas empresas también sufren los efectos de esta crisis fiscal. Desde la reforma tributaria de 2022, enfrentan una mayor carga tributaria, con incremento en impuestos a dividendos y una tasa mínima del 15% sobre la utilidad financiera depurada. A esto se suma la inflación, los altos intereses, y mayores anticipos y retenciones en la fuente.

El acceso al crédito se ha restringido y la inversión pública ha disminuido significativamente. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reporta que el presupuesto de inversión pública cayó un 33% en 2025 (de $105,8 billones a $70 billones). La Contraloría General también señala un recorte del 17,4%, pasando de $100 a $82,5 billones. Estos límites han golpeado sectores como vivienda, agricultura, inclusión social y educación.

Arbeláez confirma que “el Gobierno ha absorbido más crédito para cubrir su déficit, encareciendo los recursos para las empresas. De hecho, la alta tasa de intervención del Banco de la República (9,25%) y atrasos en pagos estatales están llevando a muchas Pymes al borde de la insolvencia”.

El reporte de Crowe Co también revela que la informalidad laboral supera el 57%, como reflejo de la contracción del mercado formal. Además, la inversión extranjera directa (IED) cayó un 15,2% en 2024 frente a 2023, debido a la desconfianza generada por cambios en la política económica y la falta de claridad en el rumbo del país.

“El gasto público sin una estrategia clara de financiamiento ha generado un desequilibrio que mantiene en alerta a inversionistas y agencias calificadoras. Ya no se discute si la crisis fiscal existe, sino cuánto más estamos dispuestos a esperar para corregirla”, concluye Arbeláez.