Al concluir su primer mes de gestión, el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella avanza en el cumplimiento de una promesa de campaña que hizo a los colombianos: acabar con la burocracia inútil y poner cada peso público al servicio de la población que más lo necesita.
“Reducir el Estado no es abandonar a la gente. Es eliminar despilfarros para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Hoy esa prioridad son miles de familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto», afirmó Miller Soto, Vocero del Gobierno Nacional.
La implementación de los cambios estructurales que se requieren para poner la casa en orden, frenar el despilfarro de recursos públicos y cuidar el bolsillo de los colombianos se han visto reflejados en tres casos emblemáticos: la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la expedición del nuevo Código Nacional de Tránsito y las medidas de transparencia contractual adoptadas respecto a las denominadas emisoras de paz.
Liquidación del MinIgualdad
Luego del nombramiento de John Milton Rodríguez como Agente Liquidador del Ministerio de Igualdad y a menos de dos semanas de haberse iniciado el proceso para el cierre definitivo de la entidad, el Vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, presentó los siguientes resultados:
En apenas 10 días de liquidación se han recuperado más de 20 mil millones de pesos anualizados, lo cual “equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas».
También se han suprimido los cinco viceministerios de la entidad, medida que representa un ahorro de 1.500 millones de pesos anuales.
Avanza la eliminación de más de 40 cargos directivos adicionales, con lo que el Gobierno calcula un ahorro adicional de 12 mil millones de pesos anuales.
Comenzó el desmonte de cinco de los ocho pisos arrendados por el Ministerio, lo que permite ahorrar más de 2 mil millones de pesos al año.
Se revisaron más de 60 contratos, por valor aproximado de 469 mil millones de pesos, firmados a última hora por la anterior administración.
“Una sola empresa concentraba más de 171 mil millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5 por ciento de la inversión», dijo Miller Soto.
De acuerdo con el Vocero del Gobierno, el último ministro que estuvo al frente de la entidad “aún no entrega las llaves» de las bodegas donde se almacenan mercancías de la DIAN por valor de 16 mil 800 millones de pesos.
Por estas y otras irregularidades detectadas al interior de la entidad, el actual Gobierno radicó 13 denuncias: 6 penales, 5 disciplinarias y 2 de tipo fiscal.
A los 567 trabajadores del MinIgualdad que la administración anterior dejó sin salario ni seguridad social, desde el mes de junio pasado, el nuevo Gobierno, por orden del Presidente Abelardo De La Espriella, “les garantizó sus derechos y ordenó pagarles, conforme a la ley».
“Eso es cumplir: menos burocracia, más eficiencia, más recursos para quienes más los necesitan. El Presidente está poniendo la casa en orden y en el centro de su Gobierno a los damnificados y a los más vulnerables», concluyó el Vocero Miller Soto.
Nuevo Código Nacional de Tránsito
En un reciente mensaje publicado en su cuenta de X, el Presidente Abelardo De La Espriella se refirió a una de sus preocupaciones más constantes, manifestadas desde el inicio de su Gobierno.
“No puede ser –dijo–, que una multa de tránsito termine convirtiéndose en una condena económica para las familias. Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitir».
Frente a esta situación, el Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, con el propósito de actualizar una legislación que lleva más de dos décadas vigente y cinco reformas, pero que sigue desconectada de la realidad del país y del bolsillo de los colombianos.
Al respecto la Ministra de Transporte, Elsa Noguera, declaró: “¡Manos a la obra, Presidente! Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios».
La titular de la cartera explicó que la reforma estará orientada a establecer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores, reducir los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), ofrecer cursos más económicos, ampliar la vigencia de las licencias y fijar plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica.
También buscará simplificar los trámites y desmontar barreras que han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de ciudadanos.
De acuerdo con la Ministra de Transporte, el Gobierno Nacional mantendrá como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas.
Emisoras de paz
Para garantizar transparencia en el cumplimiento de los requisitos de carácter contractual, la Gerente de Inravisión, Ángela Mora, anunció recientemente el cierre temporal de cuatro emisoras de paz de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta.
Como parte de la revisión jurídica y documental adelantada por la nueva Gerencia en Inravisión, se evidenció que las citadas cuatro estaciones fueron puestas en funcionamiento durante 2024 sin el lleno de los requisitos legales de concesión para que pudieran operar, tal como lo certificó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
“El espectro radioeléctrico es un bien público que pertenece a la nación, y para utilizarlo bien existen procedimientos, requisitos y autorizaciones que todas las entidades del Estado estamos obligados a respetar. Una concesión, por tanto, no es un formalismo. Es la autorización jurídica que permite utilizar legalmente una frecuencia que pertenece a todos los colombianos», explicó la funcionaria.
Aunque la Gerente de Inravisión reconoce la importancia de estas frecuencias para sus comunidades y el aporte que brindan al desarrollo social de los territorios, afirmó que hoy la prioridad debe ser la seguridad jurídica para “que nadie pueda cuestionar su legitimidad por errores administrativos que pudieron evitarse».
Mora aseguró que esta decisión “no corresponde a una decisión política ni una decisión editorial; tampoco es contra las comunidades. Es una decisión institucional para corregir una situación administrativa y garantizar que su operación se realice con plena seguridad jurídica», recalcó.
La Gerente descartó que las emisoras de paz se vayan a acabar, pero advirtió que defenderlas “no puede significar pasar por encima de las normas».
En ese sentido subrayó que “hay un principio que para esta administración es innegociable: lo público se respeta, se respetan los recursos de los colombianos, se respetan los procedimientos, se respeta el espectro radioeléctrico y se respeta la ley».
La Gerente de Inravisión concluyó que el propósito del Sistema de Medios Públicos no es apagar las voces de los territorios, sino “garantizar que esas voces puedan seguir llegando a los colombianos con legitimidad, seguridad jurídica y dentro de la ley».
Según la funcionaria, “las emisoras de paz siguen con su programación musical habitual y en proceso de construcción del nuevo vestido sonoro y fortalecimiento de la parrilla de programación».
Esta programación será relanzada en los próximos días teniendo como base la cultura, la música y el respeto por la identidad de cada territorio en donde se transmiten dichas frecuencias.
“Todas las emisoras que cumplan con el lleno de los requisitos legales deben continuar operando, pero deberán hacerlo con licencias vigentes, seguridad jurídica y pleno respeto por el carácter público del espectro radioeléctrico», puntualizó la Gerente de Inravisión.
