En carta radicada hoy ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Fenalco ratificó que no participará en la Mesa de Concertación. La medida obedece a que el Gobierno Nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, en una clara salida populista y de cara a las elecciones del próximo año, antes de que la Comisión pudiera deliberar y cumplir con su mandato legal y constitucional. «Con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta. Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral», afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral.
Según el vocero de los comerciantes, el incremento divulgado por el Presidente y el ministro del Interior, muy por encima del IPC y de la productividad, carece de sustento y evidencia una determinación improvisada que deteriora la confianza, afecta la credibilidad del sistema de concertación y expone al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación.
«Los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder». La fijación del salario mínimo exige rigor técnico, análisis responsable y deliberación transparente entre las partes. No puede quedar sometida a anuncios políticos que desconocen el debido proceso y reducen la concertación a un trámite simbólico.
En la misiva, Fenalco reafirmó su compromiso con un verdadero diálogo social; Serio, respetuoso y técnicamente informado. «Sin embargo, no se puede legitimar una mesa en la que las decisiones fundamentales ya fueron tomadas y comunicadas de manera unilateral por el propio Gobierno. Participar en esas condiciones equivaldría a avalar una práctica que contraría la esencia misma de la concertación», concluyó Cabal Sanclemente.
