Recuperar la autosuficiencia energética, atraer inversión de largo plazo y transformar los recursos del petróleo y gas en oportunidades de desarrollo para los colombianos fueron los principales mensajes de Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), durante su intervención «Renacer para crecer y transformar», realizada en el tercer día de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.
«Esta ha sido una cumbre de optimismo y de esperanza», afirmó Pearl, quien destacó la disposición del Gobierno nacional y del sector empresarial para trabajar conjuntamente en soluciones que permitan recuperar el dinamismo de la industria. Insistió en que Colombia cuenta con recursos y capacidades para aumentar su producción, fortalecer sus finanzas públicas y mejorar las condiciones de vida de la población.
El dirigente gremial señaló que el país necesita actuar en dos horizontes: avanzar inmediatamente en los proyectos que enfrentan obstáculos administrativos y regulatorios y construir políticas de Estado que garanticen condiciones competitivas y estables para las inversiones durante las próximas décadas.
La reactivación del sector podría generar recursos para reducir hasta un 47 % la pobreza
Uno de los principales mensajes de Pearl fue el potencial de la industria para contribuir a resolver desafíos económicos y sociales. Recordó los resultados del estudio elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor, según el cual el aporte fiscal del sector podría alcanzar $695 billones entre 2025 y 2050, calculados a valor presente.
Pearl explicó que la recuperación del sector podría representar recursos adicionales cercanos a $20 billones anuales para el país, con capacidad para financiar programas sociales de gran alcance. Señaló que estos ingresos podrían contribuir a reducir hasta un 47 % la pobreza en Colombia y cubrir hasta el 96 % de la brecha de informalidad laboral, además de atender necesidades relacionadas con salud y desarrollo regional.
El Presidente de la ACP insistió en que el desarrollo de los hidrocarburos no debe medirse únicamente por los niveles de producción, sino también por su capacidad para generar ingresos públicos, empleo formal, oportunidades para las empresas nacionales y mejores condiciones de vida en los territorios.
Estabilidad de hasta 30 años y decisiones para destrabar proyectos estratégicos
Pearl destacó el trabajo que adelanta el Gobierno con la industria en torno a 47 propuestas relacionadas con seguridad, competitividad, licenciamiento ambiental, consulta previa, condiciones de inversión y desarrollo de proyectos. Explicó que una de las prioridades inmediatas es identificar y destrabar los proyectos estratégicos de petróleo y gas que puedan avanzar en el corto plazo, mediante una mayor coordinación entre las entidades y mecanismos que permitan identificar y resolver los cuellos de botella.
En ese sentido, destacó los avances relacionados con el gasoducto Antonio Ricaurte y pidió avanzar en la formalización de otros proyectos prioritarios, entre ellos Sirius, mediante el fortalecimiento de la figura de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES).
En materia de inversión, se refirió al régimen de incentivos incluido en el proyecto de Ley de Rescate Económico y planteó la importancia de ampliar, incluso a un horizonte de 30 años de estabilidad, para proyectos que requieren grandes desembolsos y largos periodos de desarrollo.
Fracking, transparencia y participación de las comunidades
Otro de los ejes de la intervención fue la necesidad de transformar la relación entre la industria, las comunidades y las instituciones, especialmente frente al desarrollo de yacimientos no convencionales. Pearl sostuvo que esta tecnología representa una oportunidad para aprovechar recursos de petróleo y gas y recuperar la autosuficiencia energética. Sin embargo, reconoció que su desarrollo requiere atender las preocupaciones de las comunidades sobre el agua, la sismicidad, la salud y los posibles impactos ambientales.
Propuso avanzar en la creación de un centro de transparencia que permita compartir información verificable sobre agua, sismicidad y salud, así como promover esquemas de gobernanza colaborativa en los territorios para involucrar a las comunidades en las decisiones relacionadas con los beneficios y recursos de los proyectos.
También planteó ampliar el concepto tradicional de sostenibilidad, incorporando una cuarta dimensión, la institucional, a los componentes ambiental, económico y social. Según explicó, contar con instituciones sólidas es fundamental para que los proyectos puedan desarrollarse de manera responsable y generar resultados sostenibles.
Conservación ambiental y desarrollo regional: transformar los recursos en bienestar
Pearl también planteó impulsar, junto con el Gobierno, programas ambientales de mayor escala e impacto que permitan aprovechar los recursos disponibles para conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. Propuso concentrar esfuerzos en la Amazonía y el bosque seco tropical del Caribe, mediante iniciativas que articulen a las autoridades ambientales, las empresas y las comunidades; y destacó las oportunidades de financiación climática internacional asociadas con los instrumentos del Acuerdo de París, que podrían contribuir a movilizar recursos para la conservación y generar alternativas de ingreso formal para las comunidades vinculadas a estas actividades.
