Desde la ANDI y las Cámaras de la Salud que agremian a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías en salud hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se proteja el derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana, el cual se está viendo amenazado por la crisis financiera que vive el sector.

“Sentimos que la responsabilidad que tenemos estado y agentes del sistema con los pacientes no da espacio a demoras o a discusiones teóricas, la salud de los colombianos requiere de acciones inmediatas y suficientes. La vida y salud de los colombianos debe ser la principal prioridad, es literalmente vital tomar acción inmediata y correcta”.

Añadieron que con este objetivo proponen trabajar conjuntamente gobierno nacional y agentes del sistema en un plan que permita asegurar la prestación del servicio a pacientes, incluyendo mecanismos que aseguren el flujo de recursos adecuados y suficientes para poder asumir la totalidad de las obligaciones que tiene el estado con la ciudadanía.

Es de crucial importancia poder contar con mecanismos que permitan cubrir en forma oportuna la totalidad de los servicios, medicamentos, pagos a personal de la salud, suministro de dispositivos, y en general todos los costos que se deben adelantar para esta inmensa responsabilidad.

La incertidumbre generada por el no pago de los recursos de presupuestos máximos de octubre y noviembre que debieron girarse anticipadamente, así como la insuficiencia general de los recursos, se agrava porque a la fecha no se ha publicado para comentarios el proyecto de resolución que fija el valor de la UPC para el año 2024.

“Desde la ANDI recogimos la información de diferentes estudios¹ que han presentado diversos actores del sector y a partir de la información consolidada, se concluye que desde el año 2021, los recursos asignados para la UPC han sido insuficientes, es decir que los gastos en salud han superado los presupuestos establecidos para la cobertura en salud”.

Además, el sistema trae una deuda acumulada que sólo en los últimos 3 años se estima alrededor de los 5 billones de pesos por concepto de insuficiencia de UPC.

El costo en salud ha aumentado por 4 razones principales: mayor demanda de servicios en salud post covid; envejecimiento de la población; ampliación en 2022 del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y cambios en variables macroeconómicas que han impactado los costos de suministros y servicios de salud, al igual que en muchos otros sectores de la economía.

Esta revisión de los estudios del sector corrobora la información financiera que publica la Superintendencia Nacional de Salud, que muestra a septiembre de 2023 una pérdida acumulada en el sector de aseguramiento superior a los 1,2 billones de pesos, además de un deterioro patrimonial cercano a los 4 billones de pesos. De igual forma, se evidencia un deterioro de los indicadores de liquidez de los prestadores y proveedores del sistema. No asumir esta realidad a través de acciones concretas que permitan el flujo de recursos implicará el cierre de servicios y pondrá en riesgo a la población más vulnerable y a aquella con mayores cargas de enfermedad.

Por todo lo anterior, es evidente que un ajuste de la UPC para el próximo año se debe llevar a cabo tomando en consideración un análisis profundo de la siniestralidad, las frecuencias, el perfil epidemiológico, la inflación, las inclusiones al PBS y el contexto regional, incluso las necesidades de inversión, que de no ser tenidas en cuenta nos llevarán a crisis de capacidad en el corto y mediano plazo. De acuerdo con los estudios mencionados y con los principios ya expuestos, ese ajuste ha sido calculado en al menos el 16% para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios. Estamos en disposición de contribuir al análisis que garantice que el incremento que se defina sea suficiente para poder cubrir la totalidad de las obligaciones con los pacientes. Cabe aclarar que con este porcentaje no se cubriría el déficit de los periodos anteriores por insuficiencia y tampoco la siniestralidad legal de 90% en el régimen contributivo y 92% en el régimen subsidiado. Es, por lo tanto, el mínimo para garantizar que el sistema continúe en funcionamiento, por lo que deberá implementarse un plan de estabilización para corregir la deuda de años anteriores. Hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional y en especial los integrantes de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud actúen responsable y oportunamente, pues del análisis cuidadoso de la información disponible dependerá el debido funcionamiento del sistema de salud y la garantía de protección del derecho para los usuarios.