A partir del próximo 6 de noviembre, todas las empresas reguladas por la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) deberán tener implementado el nuevo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). La medida, establecida mediante la Resolución 2328 de 2025 de esta superintendencia, busca frenar el uso del sistema logístico y vial para actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Aunque el SARLAFT no es una figura nueva, esta actualización representa un cambio estructural en el modelo de cumplimiento: implica más controles, mayor trazabilidad, responsabilidades claras y sanciones más severas. Su adopción se vuelve crítica, especialmente si se tiene en cuenta el contexto actual del sector transporte en Colombia.

Solo en el primer trimestre de 2025, las autoridades incautaron más de 7,5 toneladas de marihuana transportadas en camiones por rutas nacionales. Una de las mayores operaciones se dio en Antioquia, donde fue decomisado un cargamento en la vía Medellín–La Pintada. Estos hechos reflejan cómo este gremio sigue siendo altamente vulnerable al uso criminal de su infraestructura.

A esto se suma la magnitud del mercado: según cifras gremiales (oficiales y actualizadas a la fecha), en 2024 el transporte terrestre movilizó 133,9 millones de toneladas de carga y generó ingresos por $11,16 billones, indicadores que evidencian su importancia estratégica. Sin embargo, el 91,8 % de las compañías del sector son microempresas, muchas sin personal dedicado a temas de cumplimiento o con acceso limitado a herramientas tecnológicas, lo cual eleva los riesgos operativos, financieros y reputacionales.

¿Qué exige el nuevo SARLAFT y cómo implementarlo?

La nueva normativa reemplaza al antiguo SIPLAFT y exige que las empresas estructuren un sistema basado en cinco etapas: identificación, evaluación, control, monitoreo del riesgo y documentación de procesos. Esto incluye la adopción de políticas de debida diligencia, capacitación interna y reportes periódicos ante la UIAF. También será obligatorio designar un Oficial de Cumplimiento certificado y contar con una matriz de riesgos ajustada al perfil y ubicación de la compañía.

Uno de los mayores cambios es la necesidad de integrar la nueva normativa con el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte, una plataforma digital de la Superintendencia que centraliza datos, alertas y seguimiento en tiempo real. Esto implica que las empresas deberán fortalecer su infraestructura tecnológica o vincularse con plataformas especializadas que les permitan cumplir con los estándares exigidos.

“Más que un trámite legal, el SARLAFT es una herramienta para proteger a las empresas de ser utilizadas por redes criminales sin saberlo”, señala Santiago Hernández, CEO y fundador de Tusdatos.co, Startup colombiana especializada en la automatización de procesos para la validación de antecedentes de personas y empresas.

Ante la complejidad del sistema, Hernández recomienda comenzar cuanto antes con el diagnóstico de riesgos y la implementación de los controles mínimos. El plazo para cumplir este requisito vence en menos de cuatro meses y las sanciones por omisión incluyen desde multas económicas hasta la suspensión de la operación.

Seis pasos clave para cumplir con la norma antes de noviembre

1. Identifique riesgos específicos según la zona, tipo de operación y aliados comerciales.

2. Diseñe una matriz de riesgos con medidas de control adaptadas al perfil de la empresa.

3. Verifique antecedentes de clientes, socios, proveedores y empleados mediante procesos de debida diligencia.

4. Capacite al personal interno en cumplimiento, lavado de activos y manejo de alertas.

5. Designe un Oficial de Cumplimiento con formación técnica y experiencia en el sector.

6. Incorpore tecnología para gestionar información, generar reportes y facilitar la supervisión.

Adicionalmente, la Supertransporte ha anunciado que llevará a cabo jornadas de sensibilización y capacitación técnica en distintas regiones del país. Sin embargo, el mensaje es claro: el tiempo apremia y no cumplir puede tener consecuencias graves, no solo legales sino también en términos de reputación y sostenibilidad empresarial.

“Las empresas que no actúen con tiempo corren el riesgo de ser sancionadas o, peor aún, de quedar atrapadas en esquemas delictivos que pueden destruir años de reputación y trabajo”, advierte Hernández.