El Consejo Gremial Nacional expresó su total respaldo a la autonomía técnica del Banco de la República en sus decisiones de política monetaria, ante los hechos recientes y rechazó la actuación del Ministro de Hacienda de “retirarse de la Junta Directiva del Banco y anunciar un distanciamiento claro y determinante con la Junta”.
El Banco de la República es una autoridad técnica, autónoma e independiente, cuya misión principal otorgada a nivel constitucional es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica de Colombia. La presencia del Ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Banco asegura la coordinación que exige la Constitución (Art.371 y 372); por ello, su ausencia en el diálogo técnico genera una tensión institucional y rompe el mandato constitucional y legal de coordinación que rige dicha relación. Las decisiones que hoy debe tomar la Junta responden a la situación que enfrenta el país como consecuencia de las medidas que en materia fiscal ha tomado el gobierno nacional.
El Consejo Gremial exige el respeto a la institucionalidad del Banco de la República y a su autonomía, garantía democrática y pilar fundamental del estado económico constitucional. Deslegitimar las decisiones técnicas del Banco o pretender someter actuación a criterios políticos no solo debilita el cumplimiento de su mandato constitucional, sino que también envía una señal de ruptura institucional que aumenta la incertidumbre, deteriora la confianza, afecta variables clave como el tipo de cambio y el costo del crédito, y termina trasladando sus efectos a los hogares, los trabajadores y las empresas del país.
Se pronuncian los gremios
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén y del Consejo Gremial recordó que el Banco de la República no es del gobierno, ni de los gremios ni de los políticos, es una institución autónoma e independiente, creada por la Constitución para proteger la estabilidad económica del país. Atacarla es atacar el orden constitucional económico y poner en riesgo la estabilidad que en materia económica, tanto nos ha costado construir.
La silla del Ministro de Hacienda en la Junta del Banco no es decorativa. Está ahí para garantizar la coordinación entre política fiscal y monetaria. Levantarse de la mesa no soluciona los problemas económicos, pero si añade incertidumbre en momentos en los que la Junta del Banco de la República debe tomar decisiones trascendentales que contengan la inflación ante las decisiones que en materia fiscal ha tomado el gobierno nacional.
Cuando se deslegitiman las decisiones técnicas del Banco, lo que se afecta no es al Banco. Es la confianza en la economía del país. Y sin confianza, no hay inversión, no hay empleo, no hay crecimiento.
La autonomía del banco central es una regla básica de cualquier economía seria. Debilitarla es abrir la puerta a más inflación, más incertidumbre y menos inversión.
Las decisiones que hoy toma la Junta del Banco no ocurren en el vacío. Responden a la situación fiscal y económica del país. Por eso el diálogo técnico es obligatorio. No opcional.
Las instituciones económicas no se presionan. No se deslegitiman. No se abandonan cuando las decisiones no gustan. Se respetan.
Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que es un espectáculo lamentable ver a un Gobierno que, ante el fracaso de sus políticas en todos los sectores, opta por culpar a las instituciones legítimamente constituidas. Ahora el ataque es contra la autonomía del Banco de la República, pilar de nuestra estabilidad económica.
No se puede irrespetar a una institución que cumple su mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de los colombianos. La inflación que hoy nos golpea y no cede es, en gran medida, consecuencia de la decisión irresponsable de aumentar el salario mínimo sin atender criterios técnicos ni parámetros establecidos. La credibilidad de nuestro sistema económico no puede ser sacrificada para ocultar errores de gestión.
A su vez, la presidenta de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, preguntó ¿Qué gana el Gobierno enfrentándose al Banco de la República? ¿Pretende doblarle el brazo a una decisión técnica e independiente? La autonomía del Emisor no puede ser blanco de presión política cada vez que no coincide con el Ejecutivo. Eso erosiona la confianza y manda una pésima señal.
Una ruptura con el Banco de la República no es una diferencia técnica, es una señal riesgosa para la estabilidad económica del país. Aquí hay un principio que no se puede perder de vista, la economía no se puede politizar, para eso existe la Junta del Banco de la República, para debatir, votar y decidir con criterio técnico, no para actuar bajo la presión del Gobierno de turno.
El problema de fondo es la señal que se manda tanto a nivel nacional como internacional. Cuando después de que una decisión se toma por mayoría, el Gobierno responde marcando una ruptura pública con el Banco de la República.
La Constitución protégé su independencia precisamente para evitar que la política se interponga sobre decisiones que deben tomarse pensando en la estabilidad del país. Desconocer ese equilibrio o intentar llevar esa discusión al terreno político, debilita la confianza en las instituciones y le hace daño a la economía. Y esas señales sí que tienen costo, generan incertidumbre, encarecen el crédito, presionan el dólar y frenan la inversión.
Entre tanto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que esa ruptura del gobierno con el Banco de la República significa que no reconoce su papel en la economía, que no acepta sus decisiones de política monetaria.
Se trata de sabotear la autoridad monetaria impidiendo que sesione la junta. No solo es inaceptable que el gobierno atente contra las instituciones de esa forma. Cada día es más clara la intención de erosionar las instituciones para mantener el poder y utilizarlo a su favor.
Esta decisión es la consecuencia directa de la alerta inflacionaria que tenemos hoy en día, fueron muchas las voces que advirtieron sobre esta posible consecuencia de las decisiones de política tomadas, con más criterio político que de interés nacional. Hoy el gobierno quiere crucificar al Banco de la República pero la verdad es que lo dejó sin ningún espacio para hacer algo distinto.
Por su parte, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aclaró que no es cierto que el aumento de la tasa de política monetaria favorezca al sector financiero. Las cifras de la Superfinanciera muestran exactamente lo contrario: en 2023, las utilidades de los establecimientos de crédito cayeron 45% y, al cierre de 2024, 11 bancos reportaron pérdidas — la cifra más alta en décadas.
¿Por qué? Porque la TPM es el costo al que los establecimientos de crédito se fondean con el Banco de la República.Un aumento de esa magnitud — hoy 200 pbs más que a finales de 2025 — encarece el fondeo, reduce la demanda de crédito, incrementa la morosidad y eleva el gasto en provisiones. Todo eso comprime las utilidades; No las aumenta.
Los datos del último ciclo alcista (sep. 2021 – abr. 2023, +1.150 pbs) lo confirman: la cartera se contrajo en términos reales 6,4%, el indicador de vencimiento pasó de 3,7% a 5,0%, las utilidades de los establecimientos de crédito cayeron $9,2 billones y 23 establecimientos cerraron 2023 con pérdidas, la cifra más alta desde el 2000. ¿Eso es un beneficio para el sector? No. Es el costo de controlar la inflación.
Dicho esto, el Banco de la República tiene un mandato constitucional claro: preservar el poder adquisitivo de la moneda. El aumento de la TPM responde a ese objetivo y es una decisión acertada y necesaria para anclar las expectativas de inflación. Lo que no es aceptable es que se tergiverse esa decisión para construir un relato falso según el cual la banca se beneficia de tasas más altas, concluyó el directivo.
