Mientras crece la expectativa por lo que viene luego de la sanción presidencial de la reforma laboral, un nuevo foco de preocupación ha surgido entre empresarios, analistas y académicos: el impacto del proyecto en el empleo juvenil, uno de los sectores que podría sufrir los mayores efectos colaterales por los cambios en las reglas del juego laboral.
De acuerdo con informe, realizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, de no adoptarse medidas específicas para los trabajadores menores de 28 años, la reforma podría elevar entre 3% y 5% el desempleo juvenil. Esta cifra se sustenta en proyecciones compartidas por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y también está respaldada por indicadores oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que muestran que, pese a la leve mejora, la informalidad laboral en jóvenes sigue por encima del 56,8 %, mientras que la desocupación laboral para este grupo etario se ubica en 16,0 % al corte del trimestre febrero-abril de 2025, menor en 3,2 puntos porcentuales al número registrado en el mismo periodo del año anterior.
Un contrato juvenil diferenciado: una opción legal y viable para integrar el talento joven
En este contexto, el análisis de la Universidad de San Buenaventura propone una vinculación laboral específica para este grupo de la población con una duración limitada entre seis y doce meses, dirigido exclusivamente a personas menores de 28 años. Este incluiría salario mínimo, afiliación obligatoria a salud y pensión, pero sin recargos nocturnos, dominicales ni obligación de indemnización por terminación anticipada. El propósito es crear una figura intermedia entre el contrato de aprendizaje y el indefinido, que facilite la entrada al mercado sin trasladar todos los costos al empleador desde el primer día.
“La reforma está diseñada para dignificar el trabajo, pero el primer empleo exige una aproximación flexible y gradual. Este contrato funcionaría como puente de entrada sin poner en jaque a las microempresas”, explica Pedro Villamizar, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de San Buenaventura.
La necesidad de esta propuesta surge también del rediseño del contrato de aprendizaje con el SENA, que ahora contempla una etapa lectiva con remuneración del 60% del salario mínimo, y una etapa práctica con salario completo y todas las prestaciones. Aunque positivo para los jóvenes, el cambio también podría representar un impacto de hasta $5 billones en sobrecostos para las empresas, según estimaciones de FENALCO. Además, firmas como Crowe Co y gremios como Acopi, entre otros, coinciden en que la reforma también podría elevar entre 17 % y 34 % los costos no salariales de las pymes, lo que llevaría a muchas a reducir su planta de personal, la mayoría conformado por trabajadores menores de 28 años.
Otra modificación clave es la reducción de la jornada diurna, que ahora irá hasta las 7:00 p.m. y no hasta las 9:00 p.m. Esto, sumado al incremento de los recargos dominicales y festivos al 100 %, representaría un aumento del 9 % en costos adicionales para estas unidades productivas, un factor que puede frenar nuevas contrataciones, en especial para el personal joven sin experiencia.
Medidas complementarias, riesgos sectoriales y referentes internacionales
Desde la Universidad de San Buenaventura se señala que, si no se habilita un esquema alternativo como el contrato juvenil, las empresas podrían acudir a automatización o tercerización como respuesta a los nuevos costos. Así lo advirtió también un informe conjunto de la ANDI y ANALDEX: el incentivo para sustituir mano de obra joven por inteligencia artificial y tecnología básica crecerá si no se ofrece una alternativa viable, sostienen desde ambas entidades.
Vale aclarar que, la propuesta del contrato juvenil, no solo se ajusta a la realidad nacional, sino que se inspira en modelos aplicados con éxito en países como Alemania (sistema Ausbildung), Italia (apprendistato) y Nueva Zelanda (Youth Wage Subsidy), donde la contratación de este segmento de la población se estimula con subsidios parciales o esquemas escalonados de cotización.
“El reto no es solo legislar, sino adaptar el marco legal a las capacidades reales de las empresas. Si se quiere proteger a los jóvenes, hay que construirles una entrada formal posible”, enfatiza Villamizar.
La propuesta sugiere también acciones prácticas:
Para empresarios: simular costos de nómina bajo este esquema especial, aprovechar incentivos tributarios y coordinar formación dual con el SENA.
Para jóvenes: informarse sobre los distintos tipos de contrato, exigir afiliación desde el primer día y solicitar certificación laboral al finalizar el vínculo.
Finalmente, el análisis advierte sobre un grupo aún más vulnerable: los jóvenes rurales. La eliminación de artículos de la reforma que promovían la formalización agropecuaria dejó sin herramientas contractuales a una población clave para el desarrollo regional. Esto —sostiene Villamizar— representa un retroceso en los esfuerzos por integrar al campo colombiano al tejido productivo formal.
“Sin un enfoque diferenciado, los jóvenes urbanos se podrían estancar en la informalidad y los rurales quedarían algunos por fuera del sistema”, concluye.
