En un país donde la confianza institucional enfrenta desafíos estructurales y apenas el 32 % de los colombianos confía en sus instituciones, según la más reciente Encuesta de la OCDE sobre los motores de la confianza pública, fortalecer las capacidades de quienes operan desde el Estado es una tarea urgente. Los servidores públicos son el rostro visible de las instituciones, y su formación incide directamente en la percepción de legalidad, eficiencia y cercanía que tiene la ciudadanía frente al aparato estatal.

Durante 2024, la Procuraduría General de la Nación tramitó más de 92.000 decisiones disciplinarias y emitió 517 sanciones a funcionarios públicos, consolidando su papel como garante del cumplimiento de la ley y la defensa del interés general. Este volumen de actuaciones evidencia no solo una institucionalidad activa, sino también la necesidad apremiante de contar con equipos capacitados que respondan con rigor, oportunidad y transparencia en cada proceso.

Conscientes de esta realidad, la Procuraduría General de la Nación, coordinó esfuerzos con la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior, RED SUMMA, para poner en marcha las Jornadas de Fortalecimiento en Territorio, un ambicioso programa de formación que capacitó a más de 3.000 servidores públicos en distintas regiones del país, incluyendo zonas con alta demanda institucional como Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Santander. Esta estrategia no solo buscó actualizar conocimientos, sino consolidar una cultura de gestión pública orientada a la legalidad, la eficacia y el servicio.

De acuerdo con Red Summa, “un funcionario que comprende el debido proceso disciplinario puede prevenir arbitrariedades; quien domina la gestión documental asegura respuestas oportunas, y quien planifica con el MIPGN contribuye a que las decisiones institucionales tengan impacto real y medible”. Además, agrega que  “no se trata solo de habilidades técnicas, sino de condiciones esenciales para garantizar un servicio público que proteja los derechos de los ciudadanos, reduzca errores y fortalezca la legitimidad institucional”,  subrayó la Asociación.

Los resultados son contundentes: según cifras de la Procuraduría, el 85 % de los participantes reportó una mejora significativa en su capacidad para aplicar el MIPGN, lo que ha permitido optimizar procesos de planeación y ejecución institucional. Además, el 90 % fortaleció sus habilidades en Gestión Documental y Derecho Disciplinario, incrementando la eficacia operativa y reforzando los principios de transparencia, trazabilidad y control interno.

“El fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos no solo mejora la eficiencia administrativa, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más transparente y justa. Este proyecto con la Procuraduría es un paso fundamental hacia una gestión pública de calidad y con impacto real en el ciudadano”, afirmó la Red Summa.

Más allá de los indicadores técnicos, el verdadero valor de esta capacitación se refleja en el ciudadano: en quien accede a un servicio más claro, ágil y con menor margen de error. Fortalecer al funcionario significa ofrecer mejores respuestas, prevenir abusos, reducir demoras y acercar las decisiones institucionales al lenguaje y a las realidades de la gente.

“En RED SUMMA, estamos comprometidos con la formación continua de los servidores públicos, asegurando que cada jornada de capacitación tenga un efecto concreto en la gestión diaria de las instituciones y, por ende, en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía”, concluyó la Alianza.