Con respecto al Decreto 0369, recién expedido por el Gobierno Nacional, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos, reiteró que dicha norma afectará un principio fundamental en la administración de ahorros pensionales: la diversificación y el modelo de Multifondos creado en el año 2009, que busca efectivamente permitir la aplicación de este principio, atendiendo el nivel de riesgo que tienen los afiliados.
En la práctica, como lo ha reiterado el sector de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en diversos escenarios, y se lo ha hecho conocer al Gobierno Nacional, limitar las inversiones de los ahorros de los trabajadores colombianos en activos del exterior se traduciría en menores rentabilidades para los afiliados y, por tanto, en menores prestaciones. Esto es una muy mala noticia para todos los afiliados. A un trabajador colombiano le costará más acumular el capital suficiente para comprar una renta vitalicia y hacerse una pensión y quienes alcancen estas metas tendrían pensiones más bajas, lo que va en su detrimento.
“Limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores, es decir, su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo para su pensión”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Para el gremio, el Decreto parte de un diagnóstico equivocado: las AFP invierten en todo lo que se puede en Colombia, pero no hay una mayor inversión en lo local por la ausencia de proyectos idóneos, seguros y rentables que le ofrezcan a los afiliados las mejores condiciones de riesgo-retorno para sus ahorros.
“Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga, debido al desorden fiscal, el cual representa un alto costo de oportunidad para cualquier inversionista”, precisó Velasco.
En este sentido, las administradoras han expresado de manera reiterada al Gobierno su disposición a financiar un banco de proyectos como el que plantea el decreto, siempre y cuando este se estructure de forma que cumpla con los requisitos de riesgo y retorno acordes con cada uno de los multifondos, tal como lo exigen el deber fiduciario y la ley. Para ello no es necesario imponer un límite máximo que, por el contrario, sí termina perjudicando a los afiliados cuando dicho límite no se establece en su claro interés.
