La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, sancionó al proveedor de servicios Directv Colombia con una multa de $245 millones por desconocer el derecho que le asiste a los usuarios a que sus peticiones, quejas/reclamos y recursos -PQR- sean atendidos y resueltos de manera definitiva.
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó las denuncias presentadas por consumidores ante la Entidad, y evidenció que los usuarios habrían obtenido – en teoría – respuestas favorables a sus solicitudes en sede de empresa. Sin embargo, Directv Colombia optó por desconocer esa voluntad inicial, en detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus controversias realmente fueran solucionadas.
Al acceder – de manera inicial – a las pretensiones de los consumidores y desconocer esa voluntad, omitió el deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas por los consumidores, ya que no materializó de manera integral, ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios. Contra la anterior decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.
