La propuesta del Gobierno de cobrar el 5 % a quienes declaren criptomonedas y otros activos digitales omitidos encontró reparos en Asoblockchain Colombia. El gremio pidió al Congreso modificar el artículo 71 del proyecto de Ley de Rescate Económico, al considerar que ese pago podría desestimular la declaración voluntaria y mantener parte del mercado por fuera del control tributario.
El mecanismo contemplado en el Proyecto de Ley 477 de 2026 permitiría regularizar activos no reportados mediante un pago único, calculado sobre su valor de mercado al primero de enero de 2027. Si la iniciativa prospera, los contribuyentes tendrían hasta el 30 de junio de ese año para acogerse. No se trata de un impuesto general a la compra, venta o tenencia de todas las criptomonedas.
“Respaldamos que los criptoactivos tengan obligaciones tributarias claras. Lo que cuestionamos es cobrar el 5 % a quienes quieren ponerse al día cuando el país todavía no ofrece un marco integral para esta actividad. Proponemos una tarifa del 0 % que facilite la declaración voluntaria”, afirmó Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia.
El impacto económico se refleja en casos sencillos: quien normalice $50 millones en estos activos pagaría $2,5 millones, mientras que por $100 millones el desembolso sería de $5 millones. La tarifa se calcularía sobre el valor de los bienes omitidos, no únicamente sobre sus ganancias. Además, la volatilidad podría llevar a pagar con base en una cotización que posteriormente disminuya. La asociación aclara que una tarifa cero para normalizar no eliminaría la obligación de declarar y tributar por las ganancias futuras.
“El resultado que debemos buscar es que más personas declaren sus activos y cumplan sus obligaciones en adelante. Una barrera económica de entrada podría producir el efecto contrario al que se busca: que algunos prefieran mantenerse fuera del sistema”, señaló Suárez.
La controversia se presenta en un mercado de creciente importancia. Según Chainalysis, Colombia registró US$29.100 millones en actividad con criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026, lo que la situó como el quinto mercado de América Latina. La actividad creció 13,8 % en ese periodo, por encima del 9,8 % regional. Estas cifras corresponden al movimiento estimado del sector; no son activos ocultos ni permiten anticipar cuánto recaudaría el Estado.
El uso tampoco se limita a inversiones especulativas. Según el concepto de Asoblockchain, el 48 % de las compras realizadas en plataformas colombianas corresponde a monedas digitales estables, vinculadas generalmente al dólar y utilizadas, entre otros fines, para pagos y transferencias internacionales.
Más impuestos, pero sin reglas claras para operar
El gremio reconoce avances en los artículos 86 y 87: reglas para calcular el costo de adquisición, tratamiento de las variaciones de precio y criterios para que representar digitalmente un bien no genere ventajas ni castigos tributarios. Sin embargo, sostiene que el proyecto no define un régimen completo para plataformas de intercambio, empresas que custodian activos y emisores de bienes representados mediante tokens.
“No pedimos privilegios ni un sector sin supervisión. Si el Estado establece deberes para contribuyentes y empresas, también debe fijar condiciones para operar legalmente y garantías para los usuarios. La tributación, por sí sola, no resuelve esos vacíos”, sostuvo Suárez.
La propuesta de mesa técnica incluye aclarar el tratamiento de los intercambios entre criptomonedas, las recompensas obtenidas al participar en redes digitales y operaciones de finanzas descentralizadas. El plazo de seis meses comenzaría a contarse desde una eventual promulgación de la ley. Mientras se expiden esas precisiones, Asoblockchain solicita no sancionar interpretaciones razonables sobre actividades que carecen de reglas específicas.
También reclama un régimen estable desde el año gravable 2028 para quienes normalicen sus tenencias y reserva de la información entregada sobre billeteras, custodios y protocolos, por los riesgos de seguridad que puede representar su divulgación. Para la tokenización, pide coordinación entre el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Superintendencia Financiera.
“Colombia necesita un mercado transparente y competitivo, con empresas que puedan operar bajo reglas conocidas y ciudadanos protegidos. Por eso invitamos al Congreso y al Gobierno a ajustar la propuesta tributaria y avanzar hacia una regulación integral construida con la industria”, concluyó Suárez.
