En menos de 90 días entrarán en vigor dos cambios laborales de alto impacto en el país: desde el 1 de julio el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio subirá al 90% y desde el día 15 del mismo mes la jornada laboral semanal bajará a 42 horas, completando así la reducción gradual establecida por la Ley 2101 de 2021. Más que ajustes normativos, estas medidas implican un cambio de fondo en la estructura de costos laborales y en la forma de operar de las pequeñas y medianas empresas en un momento crítico para la industria. ¿Por qué? Las cifras no mienten.
Con una tasa de interés del 11,25% impuesta recientemente por el Banco de la República, sumada a una inflación anual de 5,56% en marzo y a un interés bancario corriente de 17,84% efectivo anual para abril, estas medidas presionarán más la caja de las Pymes, quienes se verán afectadas por un crédito más caro una mayor carga operativa.
En ese escenario, un análisis de Crowe Co advierte que la reducción de la jornada laboral y el aumento de recargos deben leerse como una alerta financiera inmediata. Para Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de la firma, si muchas pequeñas y medianas empresas no comienzan a ajustarse desde ya, el impacto puede comprometer seriamente su sostenibilidad; de hecho, podrían desaparecer entre el 25 y 30% de las pymes activas en el país.
“El punto más delicado está en que la reducción de la jornada laboral no permite disminuir el salario mensual ni el valor de la hora ordinaria, lo que genera un aumento automático en el costo por hora trabajada. Esto genera un “efecto tijera”: se paga lo mismo por menos horas”, advierte Arbeláez.
A esto se suma una advertencia reciente de ANIF, que calcula que el salario por hora pasará de $7.736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en el segundo semestre de 2026, un aumento acumulado de 34,7%.
Dónde puede sentirse primero la presión de estos ajustes laborales
Según el análisis de Crowe Co, el impacto puede sentirse primero en los negocios que dependen de horarios extendidos, trabajo nocturno, domingos, festivos o atención continua. Ahí entran sectores como comercio, restaurantes, bares, hoteles, vigilancia, transporte y otros servicios que no pueden bajar la persiana con facilidad. En esos casos, el golpe puede llegar más rápido porque se juntan varias tensiones al mismo tiempo: recargos más altos, menos tiempo disponible a la semana y costos que ya venían subiendo. Y no es un asunto menor en un país donde las mipymes representan cerca del 98% del tejido empresarial y generan alrededor del 80% del empleo, de acuerdo con Confecámaras.
Ese cruce entre costos, operación y demanda ya empezó a mover decisiones en muchas compañías. Por ejemplo, un sondeo de Fenalco mostró que el 40% de las empresas ya redujo operaciones nocturnas, dominicales o festivas, y que otro 27% planea hacerlo.
Además, 51% de los empresarios reconoce estar poco o nada preparado para asumir el nuevo paquete de costos laborales y 71% anticipa una reducción de empleo este año.
Estas señales muestran que el cambio ya dejó de ser una discusión solo jurídica o normativa: hoy está aterrizando en decisiones muy concretas sobre horarios, cobertura, contratación y viabilidad del negocio. “Una Pyme puede cumplir la ley y aun así equivocarse financieramente. Si no recalcula bien sus picos de demanda y sus turnos, puede terminar trasladando el ajuste a más extras, menos margen o incluso menos cobertura en horarios rentables”, explica Arbeláez.
La mayor fragilidad está en las micro, pequeñas y medianas empresas, porque buena parte de su nómina está concentrada en trabajadores que ganan salario mínimo. Según ANIF, en las compañías de 1 a 5 empleados, 63% del personal devenga ese ingreso; en las de 6 a 10 trabajadores, la proporción es de 58,2%; y en las de menos de 20 empleados, al menos la mitad de la nómina está en ese nivel. En la práctica, eso significa que cualquier aumento en el costo por hora golpeará casi de inmediato los gastos del negocio. Más aún si se tiene en cuenta que, con cargas como seguridad social, parafiscales y prestaciones, cada trabajador con salario mínimo ya le cuesta a la empresa $2.864.324 mensuales.
El efecto boomerang de la reducación de la jornada laboral
¿Qué puede pasar con el bolsillo del trabajador a raíz de estos ajustes laborales? De acuerdo con Crowe Co, el contrasentido es que mientras una semana laboral más corta puede traducirse en más descanso, no necesariamente eso significaría más ingresos para todos. “Si una compañía decide recortar horas extra, reducir turnos nocturnos o cerrar antes los domingos y festivos para proteger su caja, parte del impacto también puede sentirse en quienes hoy completan su salario con esos recargos. Eso cobra más relevancia en un mercado laboral que sigue mostrando fragilidad: en febrero la tasa de desocupación nacional fue de 9,2% y la informalidad llegó a 55,3%”, dice Arbeláez.
Eso no significa, sin embargo, que la reducción de la jornada laboral sea, por sí sola, una mala noticia para los empleados. La ley busca disminuir el tiempo de trabajo sin tocar el salario y abrir espacio para una mejor conciliación. Pero, como concluye el análisis, sí obliga a revisar desde ya en qué casos ese alivio en tiempo podría venir acompañado de menos ingresos variables. Para las Pymes, la respuesta empieza por revisar cinco puntos básicos: cuánto cuesta realmente cada hora trabajada, qué cargos dependen más de extras y recargos, en qué franjas la operación sí genera valor, cuáles horarios siguen en pie solo por costumbre y qué tan preparada está la caja para julio y agosto.
