El Consejo Gremial Nacional se unió a las voces de respaldo institucional a la administración de justicia, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y, en general, a todos los jueces de la República que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, cumplen la función esencial de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.
En una democracia constitucional, las decisiones judiciales pueden ser objeto de análisis, debate público y de los recursos previstos por la ley. Sin embargo, ese debate debe darse dentro de los cauces institucionales, con respeto por la independencia judicial, por la dignidad de los jueces y por la legitimidad de las altas cortes. Descalificar las decisiones judiciales, atribuirles motivaciones ajenas al derecho o promover señalamientos personales contra quienes las profieren debilita la confianza ciudadana, afecta la seguridad jurídica y erosiona uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
La separación de poderes no es un obstáculo para la acción del Estado ni una formalidad jurídica. Es una garantía esencial de la libertad, del equilibrio institucional y de la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Precisamente por ello, el control judicial de los actos de las autoridades públicas constituye una de las principales conquistas de nuestra Constitución: asegura que el poder se ejerza dentro de límites, que las decisiones públicas estén sujetas a la ley y que ningún órgano del Estado actué por fuera del marco constitucional.
En este contexto, hacemos un firme llamado al Gobierno Nacional, a los servidores públicos, a los líderes políticos y a todos los sectores de la sociedad a preservar la responsabilidad institucional y actuar en respeto por las decisiones judiciales. Colombia necesita instituciones fuertes, controles efectivos y un debate público que, aun en medio de las diferencias, reconozca que la Constitución es el marco común que nos vincula a todos.
El sector empresarial colombiano reafirma su compromiso con el Estado Social de Derecho, la independencia judicial, la seguridad jurídica y el respeto por la Constitución. La estabilidad institucional es condición indispensable para la confianza, la inversión, el empleo, la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo económico y social del país.
