Ante los acontecimientos políticos recientes en torno a la transición en el gobierno nacional, las universidades que integramos la iniciativa Cuidar la Democracia manifestaron que el respeto a las reglas constitucionales de la contienda electoral no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella.
Recordó el grupo que la democracia implica el respeto incondicional a un conjunto de reglas esencial para la vida pacífica en las naciones. Reconoce que puede haber múltiples visiones políticas sobre el devenir del país y establece reglas para la deliberación y el disenso, con garantías para las minorías. Colombia tiene una tradición democrática notable, que ha garantizado la existencia de proyectos políticos de orientación divergente, cuando así lo han dictado los resultados electorales. La Constitución Política de Colombia de 1991, que surgió de un consenso amplio e incluyente, materializó esa garantía.
La Constitución establece que corresponde a los ciudadanos elegir al presidente, al Consejo Nacional Electoral certificar el ganador, y al presidente del Senado dar posesión de su cargo al nuevo mandatario. La Constitución y la ley establecen mecanismos y múltiples instancias para evaluar y decidir sobre eventuales reclamaciones electorales que presente cualquier ciudadano con el debido soporte. En aplicación de las normas constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones para elegir al presidente para el período 2026-2030 a Abelardo de la Espriella.
El punto de partida de la democracia es reivindicar y legitimar procedimientos de toma de decisiones independientemente del resultado. Por eso “nos alarman las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, en el sentido de no reconocer el resultado electoral, sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello. Esa conducta se sale del cauce constitucional y legal, y es de la mayor gravedad pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder. Sin el acatamiento unánime de dichos acuerdos se socavan las condiciones habilitantes del disenso político pacífico”.
Recuerdan que todo funcionario público tiene el deber de cumplir la Constitución y la ley, de lo cual toma juramento. Corresponde además al Presidente de la República y los altos funcionarios dar ejemplo de ese cumplimiento, y a la sociedad el exigirlo.
Es propio de la Academia obrar bajo un espíritu de pluralidad y desde ese lugar exigir el cumplimiento de las normas sociales y legales que hacen posible la coexistencia pacífica de proyectos políticos diferentes, y de los preceptos constitucionales que garantizan la alternancia pacífica en el poder.
“Las universidades de esta iniciativa continuaremos generando evidencia y espacios de reflexión sobre el estado de la democracia, su valor y su vigencia”, concluyen.
