(EFE).- El Consejo de Estado de Colombia ratificó la legalidad de la reglamentación para la exploración y explotación del fracking, avalando la luz verde ya existente para estos proyectos en una sentencia que organizaciones sociales calificaron este viernes de regresiva.

El Consejo de Estado respondió así a una demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, en la que consideró que no se habían demostrado los argumentos que el denunciante aludía.

Estos defendían que la reglamentación para impulsar el fracking en Colombia viola el derecho a tener un medioambiente sano, ya que no tiene en cuenta los eventuales riesgos que presentaría esta técnica, tanto para el entorno como para las personas.

Con esta decisión se pone fin a la moratoria que había para los proyectos de fracking desde 2018 en Colombia, por lo que se reactivarán siete proyectos aprobados como pilotos hasta el momento, aunque también abre la puerta a proyectos comerciales.

Varias organizaciones sociales y ambientales emitieron un comunicado rechazando la resolución del Consejo de Estado, que «perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública».

«La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos», señaló Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), mientras que Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, indicó que «es necesario que el fracking cuente con licencia social».

Tras conocer la decisión del Consejo de Estado, la ministra electa de Medioambiente, Susana Muhamad, aseguró que si bien «respetan el fallo», van «a solicitar aclaración» sobre el mismo ya que el próximo Gobierno defiende que «la técnica del fracking en Colombia no es la salida para una transición energética justa social y ambientalmente».

Por eso, van a «mirar con mucho cuidado» todos los aspectos jurídicos y legales porque «no hay garantías para una aplicación segura del fracking, que la incertidumbre salta» según los estudios científicos, agregó Muhamad en la cadena de televisión Caracol.

FRACKING EN COLOMBIA

El pasado marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó, entre críticas de la oposición política y del sector de la sociedad civil, el primer proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander.

Este proyecto junto con otros pilotos recibieron la aprobación del Consejo de Estado en 2019 con la intención de que se conviertan en una especie de «prueba» de las consecuencias que podría tener el fracking en Colombia.

El fracking permite extraer el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo que se encuentra en capas de roca a gran profundidad, por lo que se tiene que perforar la tierra para después inyectar grandes cantidades de agua mezclada con químicos a alta presión para lograr fracturar la roca y liberar el gas.

Esta técnica de extracción se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate público en Colombia, especialmente después de que el presidente electo, Gustavo Petro, se haya mostrado en contra del fracking y haya asegurado que paralizara los proyectos de exploración. También había prometido que no habría fracking en Colombia el actual presidente, Iván Duque, a punto de llegar al final de su mandato, aunque ha sido criticado por no haber tomado acciones para prohibir esta técnica.