(Investigaciones económicas Banco de Bogotá).- Las cifras de ejecución presupuestal a septiembre mostraron que la subejecución del gasto público, para cumplir la Regla Fiscal (RF) en 2024, se ha mantenido, pero con matices. En efecto, para contrarrestar la sorpresa bajista en los ingresos tributarios y poder honrar la RF, el Gobierno se comprometió en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) a reducir su gasto de inversión y funcionamiento en $50.8 billones (B) frente a lo apropiado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 por $408.1 B (ver informe); es decir, que del 100% de los recursos asignados, podría ejecutar como máximo 87.6% para cumplir la RF.

A falta de tres meses para finalizar el año, el Gobierno ha comprometido 65.8% del total apropiaciones (o gasto permitido), superando la meta volante de 65.3%*, colocando en duda el cumplimiento de la RF. No obstante, los recursos comprometidos no son, necesariamente, equivalentes al gasto efectuado por la Nación. Según el CARF, los compromisos son la reserva de una parte de las apropiaciones para un gasto específico en el futuro, que se genera mediante actos y contratos expedidos por órganos públicos en su capacidad de contratar y comprometer el presupuesto. En el caso de no ejecutarse el contrato, los recursos en reserva se liberan y representan, en las cuentas de la Nación, una especie de ahorro pues el gasto no se llevó a cabo.

En ese sentido, una métrica quizá más precisa que permite monitorear el gasto efectuado por el Gobierno son las obligaciones, que no son más que las exigibilidades del pago adeudado por una entidad pública como consecuencia del cumplimiento o perfeccionamiento de los compromisos adquiridos por la entidad. Durante los primeros nueve meses del año, las obligaciones fueron 54.2% del total del PGN, por debajo del límite antes mencionado de 59.4% para esta época del año calculado por Investigaciones Económicas (IE). Esto es una noticia positiva para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero negativa en materia de actividad económica.

Por lo tanto, la brecha entre compromisos y obligaciones sugiere que el Gobierno está presentando problemas en la ejecución, ya que, si bien compromete los recursos, estos proyectos no se están llevando a cabo, reduciendo las obligaciones de pago del Gobierno. Sin embargo, esta situación no siempre fue la misma en lo corrido del año, siendo el primer semestre un período positivo para la ejecución. Tampoco fue igual en todos los rubros de gasto, ya que el componente de funcionamiento no se ha visto tan afectado como el de inversión.

Durante el primer semestre, la ejecución de un presupuesto abultado favoreció el crecimiento económico, pero perjudico las finanzas públicas. Entre enero y junio, el gasto público de funcionamiento e inversión experimentó un aumento anual de +23.8% en términos nominales (o +15.6% al descontar la inflación), explicando en gran medida el crecimiento económico de la rama de administración pública de +5.1% en el mismo lapso, cuando la economía como un todo lo hizo en apenas +1.5%. El aporte fue tal que, al excluir el sector público, la expansión de la actividad productiva local no habría sido de apenas +0.8%. No obstante, el costo de dicha mejora económica fue el sacrificio de la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues el déficit fiscal alcanzó un máximo 20 años, obligando al Gobierno a reducir su gasto de cara a la segunda parte del año.

Para el segundo semestre, después del anuncio de las autoridades de recortar el gasto, el rubro con mayor sacrificio ha sido el de inversión. Mientras la brecha entre compromisos y obligaciones en el gasto de funcionamiento ha sido atípicamente baja, sugiriendo que en este componente el Gobierno compromete recursos y genera obligaciones de pago (ejecuta proporcionalmente), en el gasto de inversión la brecha inició baja, pero desde el segundo trimestre empezó a incrementarse hasta el punto que en septiembre se ubicó cerca de máximos históricos. Es decir, en inversión la Nación comprometió los recursos, pero no está ejecutando los contratos para no generar obligaciones y, así, sanear las finanzas públicas con el aplazamiento de dichos recursos.

De tal forma, el saneamiento de las finanzas públicas, dadas unas restricciones presupuestales que se deben cumplir para garantizar la estabilidad macroeconómica del país, no solo afectaría el nivel de actividad del segundo semestre sino también el de largo plazo, dada la relevancia de la inversión pública sobre la formación de capital fijo en el país, en especial de infraestructura. No obstante, esta es la consecuencia de la aprobación de un PGN desfinanciado (el de 2024), al tiempo que se gasta de forma importante y se busca solucionar una situación de caja apretada.