(EFE).- En Colombia hay once focos activos de emergencia humanitaria debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales que afectan de «manera desproporcionada» a campesinos, afrocolombianos e indígenas, así como a niños y jóvenes, alertó este lunes la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Detrás de la ola de violencia están las acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, que tienen fuerte presencia en Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico.

«Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos cinco años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73 % de los municipios del país», aseguró Marín.

Las emergencias humanitarias documentadas por la Defensoría están en las regiones de Nariño, Cauca, la zona del Pacífico del Valle del Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.

Esto aparte de la crítica situación que se vive desde hace un mes en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que deja casi 85.000 afectados, en su mayoría desplazados y confinados, y se convierte en la peor situación humanitaria que recuerde el país, todo causado por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.

«Además de la crisis humanitaria del Catatumbo, durante lo corrido de 2025, hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados han provocado graves afectaciones a la población civil», explicó la defensora.

Chocó, otro punto crítico

La Defensoría indicó que lo que ocurre en el departamento del Chocó (oeste) es una de las grandes preocupaciones porque allí se enfrenta el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, con el ELN.

Justamente la noche del sábado esa guerrilla anunció un paro armado de 72 horas en el Chocó, a partir de este martes y hasta el viernes 21, por la «grave situación humanitaria» y el «avance paramilitar» en la región.

Desde hace dos semanas, guerrilleros del ELN se enfrentan en la región del Medio San Juan con hombres del Clan del Golfo, lo que ha dejado unos 3.600 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, según cifras de la Gobernación del Chocó.

«Por primera vez hemos recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN», aseguró Marín.

Los bandos se disputan el control del río San Juan, que les permite dominar la zona y las economías ilícitas, principalmente el narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal.

En este contexto se han registrado confinamientos tras la orden de suspensión de la navegación en la zona, así como la existencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas.

Ante ese panorama de violencia armada, la Defensoría urgió a las autoridades nacionales y locales a implementar «acciones inmediatas» que prioricen la protección de las comunidades afectadas.

Igualmente pidieron a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.

A los grupos armados ilegales, la Defensoría exigió respetar los derechos de la población y «no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las Juntas de Acción Comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial».