El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló que la estrategia fiscal del Gobierno requiere esfuerzos adicionales para garantizar la estabilización de la deuda y su convergencia al ancla de la regla fiscal en el mediano plazo.
El Gobierno Nacional decidió activar la cláusula de escape entre 2025 y 2027 y aprobó una senda de reducción del déficit fiscal que en concepto del CARF es insuficiente para conducir la deuda a un nivel prudente. Además, el plan de ajuste a las finanzas públicas implica que la mayor parte del esfuerzo se materializaría en el mediano plazo.
Entre más rápido se reduzca el desequilibrio fiscal, menor será la magnitud del ajuste requerido. De esta manera ser reducirán riesgos macroeconómicos tales como mayores primas de riesgo, presiones sobre la inflación y la tasa de cambio, aumento en el costo de financiamiento y efectos adversos sobre la inversión y el bienestar de la población.
Nuestras estimaciones indican que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría ascender hasta 61,4% del PIB en 2025, 63,5% en 2026 y 64,3% del PIB en 2027, máximos históricos, que estrechan el margen frente al límite legal de endeudamiento (71% del PIB). Tanto el MFMP como en el CARF proyectamos que, de 2028 en adelante, la deuda descendería gradualmente, pero manteniéndose en niveles elevados y lejanos del objetivo de mediano plazo (el ancla de 55% del PIB).
Para el CARF, si la disminución del desbalance fiscal inicia en 2025, se fortalece la credibilidad del plan de ajuste. La activación de la cláusula de escape no es un mecanismo para abandonar desde ahora el esfuerzo de estabilización de las finanzas públicas.
Para 2025, estimamos que el cumplimiento de la meta de déficit fiscal aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) de 7,1% del PIB requiere un ajuste de COP 8,3 billones. Para 2026, el cumplimiento del déficit fiscal establecido por el CONFIS de 6,2% del PIB necesitaría de un ajuste de COP 33 billones, de los cuales COP 19,7 billones podrían obtenerse si se aprueba la reforma tributaria que actualmente estudia el Gobierno y que, según ha manifestado, presentará próximamente al Congreso de la República. Por el lado del gasto, el ajuste provendría de la reducción de la inflexibilidad mediante la gestión del Ejecutivo ante el Congreso de la República. El Gobierno anunció que conformará una comisión de gasto estructural que provea insumos para plantear un proyecto de ley en 2026.
Proyectamos que para llevar la deuda hacia su nivel prudente se requerirá que la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el pago de intereses (es decir, balances fiscales primarios), sea equivalente a entre 1,5% y 2% del PIB en la próxima década. El escenario fiscal oficial prevé superávits primarios promedio menores, de 1,1% del PIB entre 2029 y 2036.
Las proyecciones de ingresos y gastos del MFMP revelan de manera más realista los retos de las finanzas públicas en la próxima década, respecto de escenarios previos. Para el CARF, la estrategia aprobada por el Gobierno debe ser complementada con las medidas específicas que permitirán garantizar el proceso de consolidación fiscal. Y, además, la estabilización de las finanzas públicas necesita esfuerzos más allá de lo contemplado actualmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Todo lo anterior pone de presente la urgente necesidad de que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la sociedad como un todo acuerden las reformas que reduzcan el gasto (y sus inflexibilidades), fortalezcan los ingresos y permitan retomar la senda de la regla fiscal en un plazo razonable.
Como órgano independiente y permanente creado por la Ley, el CARF seguirá cumpliendo su función de hacer seguimiento al cumplimiento de la Regla Fiscal, propender por la estabilidad de las finanzas públicas y, en últimas, proteger la estabilidad macroeconómica y el bienestar social. En situaciones como la actual, nuestro trabajo busca aportar rigor técnico y alertas oportunas que contribuyan a las discusiones de política fiscal y a la confianza en el país.
