En medio de la contienda presidencial, la sostenibilidad empieza a ocupar un lugar más relevante en la conversación pública. La transición energética, la seguridad hídrica, la biodiversidad, el desarrollo productivo, el acceso a capital y la presión regulatoria ya no son asuntos aislados de la agenda ambiental: hoy hacen parte de una discusión más amplia sobre crecimiento, inversión, empleo, competitividad y futuro económico.
En ese contexto, Dark Sustainability, plataforma independiente para el análisis crítico sobre sostenibilidad, plantea que el debate electoral debe superar la lectura ideológica de esta agenda. La pregunta de fondo ya no debería ser si la sostenibilidad pertenece a la izquierda, a la derecha o al centro, sino qué candidatura, proyecto político o agenda de país tiene la capacidad de convertirla en decisiones financiables, medibles y ejecutables.
La discusión llega en un momento en el que la sostenibilidad dejó de ser una promesa abstracta y empezó a medirse también en costos, oportunidades y capacidad de inversión. Estimaciones del Banco Mundial señalan que implementar la agenda climática de Colombia podría requerir cerca de US$92.000 millones a 2050, pero también generar ganancias netas anuales de alrededor de US$7.000 millones para la economía. La misma entidad ha señalado que, con las reformas adecuadas, el sector privado podría aportar hasta US$74.000 millones de la inversión adicional necesaria para la acción climática.
“La sostenibilidad no es una causa de izquierda ni una amenaza para la derecha. Es una prueba de realidad para cualquier aspirante a gobernar. El verdadero debate electoral no está en quién usa mejor el discurso ambiental, sino en quién puede explicar cómo se financia la transición, cómo se protege el empleo, cómo se atrae inversión, cómo se reducen riesgos y cómo se mide el impacto real”, afirmó Armando Russi, funadador de Dark Sustainability.
Para el movimiento, la sostenibilidad entró a una nueva etapa dentro de la conversación política. Durante años fue tratada principalmente como un asunto reputacional, asociado a reportes, campañas, compromisos públicos o buenas intenciones. Hoy, en cambio, está directamente conectada con variables que definen la capacidad de un país para competir: disponibilidad de agua, seguridad energética, uso del suelo, estabilidad regulatoria, acceso a capital, infraestructura, productividad rural, cadenas de suministro y licencia social.
Desde esa mirada, Dark Sustainability advierte que una agenda ambiental seria debería interpelar por igual a todos los sectores políticos en época electoral. A la izquierda, porque la justicia climática necesita presupuesto, gobernanza, ejecución e inversión. A la derecha, porque defender la empresa, el campo, la propiedad, la seguridad y la productividad también exige proteger recursos naturales, anticipar riesgos y garantizar condiciones de operación en el largo plazo. Y al centro, porque hablar de sostenibilidad sin tomar decisiones difíciles termina convirtiendo el tema en una palabra cómoda.
“La sostenibilidad que importa no es la que decora discursos de campaña. Es la que entra al presupuesto, al riesgo, al EBITDA, al crédito, a la infraestructura, al territorio y a la toma de decisiones. Si no se puede financiar, medir y ejecutar, se queda en consigna”, agregó Russi.
Armando Russi también señala que la sostenibilidad dejó de ser una conversación exclusivamente ambiental. En los mercados financieros, los inversionistas revisan la exposición climática; las aseguradoras recalculan riesgos; las empresas evalúan cadenas de suministro; y los reguladores avanzan hacia mayores exigencias de transparencia sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza. En ese escenario, los países y empresas que lleguen tarde podrían enfrentar mayores costos de capital, pérdida de competitividad y menor capacidad de adaptación.
Para Dark Sustainability, el reto no está en escoger entre ambiente y desarrollo, sino en exigir modelos donde la protección ambiental, la productividad y la inversión puedan conversar de manera seria. Eso implica pasar de las frases generales a preguntas concretas: cuánto cuesta la transición, quién la paga, qué sectores deben transformarse, qué incentivos se necesitan, cómo se protege el empleo, qué indicadores se van a medir y qué resultados se pueden exigir.
En una elección marcada por debates sobre seguridad, economía, territorio y modelo productivo, la sostenibilidad empieza a convertirse en una pregunta clave para las campañas. Ya no basta con defenderla en abstracto ni con rechazarla por reflejo ideológico. La discusión que viene será mucho más exigente: quién tiene un plan, quién puede financiarlo y quién está dispuesto a responder por sus resultados.
