Latinoamérica lleva casi una década discutiendo el Open Finance con marcos voluntarios, sandboxes regulatorios y hojas de ruta que, en su mayoría, postergaban la obligatoriedad. El Decreto 0368 de 2026 en Colombia sienta un precedente, por primera vez en la región, cerca de 200 entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera del país quedan sujetas a un esquema de finanzas abiertas con participación mandatoria, categorías de datos definidas, derechos de los titulares claros y un directorio operativo.
Para Fiskil, compañía global especializada en proveer soluciones tecnológicas de Open Finance y Open Data, el avance colombiano no sólo consolida una tendencia, sino que potencia cambios estructurales que redefinen cómo evolucionará el ecosistema en los próximos años.
“Brasil lanzó el Open Finance seis años atrás y sigue siendo el referente regional e internacional con más de 42 millones de consentimientos activos y un ecosistema que integra más de 800 entidades, en convergencia con su sistema de pagos inmediatos PIX. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir en Colombia con la obligatoriedad, puede impulsar a otros países a realizar actividades más concretas en torno a la regulación, especialmente en países que han avanzado progresivamente en el tema como Chile y Perú”, asegura Karol Benavides, Directora Regional de Alianzas y Estrategia de Fiskil para Latinoamérica.
Así reconfigura el decreto colombiano el panorama en el desarrollo del Open Finance de estos países:
Chile: en términos normativos es el mercado más maduro de la región después de Brasil. La Ley Fintech promulgada en 2023 y la Norma de Carácter General 514 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya establecen quiénes deben participar, los esquemas de consentimiento, los estándares de APIs y los entornos de prueba. Sin embargo, la entrada en vigencia plena se extendió un año adicional, hacia julio de 2027, y los anexos técnicos definitivos siguen en proceso de consulta pública.
Los desafíos técnicos en Chile son más sofisticados que en otros mercados de la región, precisamente porque el sistema financiero chileno está más digitalizado. Tener APIs no resuelve el problema central, porque realmente es la calidad de los datos que circulan a través de ellas, la trazabilidad de los consentimientos a escala, la disponibilidad continua del sistema y la operación coordinada entre terceros los elementos que determinarán si el Open Finance genera valor real o se queda en cumplimiento formal. “El movimiento regulatorio de Colombia podría agregar presión política para que Chile no extienda indefinidamente sus plazos de implementación”, asegura la ejecutiva de Fiskil.
Perú: publicó a comienzos de 2026 su hoja de ruta de finanzas abiertas, con un modelo basado en consentimiento explícito, intercambio estandarizado vía APIs e implementación progresiva. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también conformó un equipo especializado para acompañar la implementación. Es un punto de partida institucional serio, y se espera que el primer grupo de datos se encuentre habilitado hacia finales de 2027 y el segundo hacia mediados de 2028.
Según Benavides, “el Open Finance no se sostiene únicamente en regulación, sino en usuarios activos, datos útiles, conectividad y confianza en el sistema. Este último aspecto aún mantiene brechas importantes asociadas a la posibilidad de uso indebido de la información y su privacidad, lo cual acentúa la necesidad de definir estándares de seguridad robustos”.
Sin embargo, esto no implica que la adopción deba esperar a que esas brechas se cierren completamente. Casos de uso como el scoring alternativo para personas y pymes, el onboarding digital, los créditos preaprobados o la portabilidad del historial financiero pueden avanzar hoy, en esquemas de consentimiento y alianzas privadas, sin necesidad de una regulación plenamente obligatoria.
Infraestructura y confianza
La región busca ahora pasar de la norma a la operación. Las entidades financieras deben habilitar capacidades técnicas, calidad de datos, escalabilidad de consentimientos, ciberseguridad, mientras construyen propuestas de valor que justifiquen ante el usuario compartir su información.
“Si los usuarios no entienden por qué y para qué deben compartir sus datos, el ecosistema se queda en decreto, infraestructura y casos de uso sin tracción real. Así como la regulación y la tecnología son claves, la confianza también influye en la capacidad de traducir esas innovaciones en soluciones que respondan a necesidades financieras concretas y generen valor para las personas. Ahí se define qué mercados escalan hacia un Open Finance eficiente y activo, y cuáles se estancan en el cumplimiento”, concluye Karol Benavides, directora regional de Alianzas y Estrategia de Fiskil para Latinoamérica.
