El Banco Mundial publicó un nuevo informe de proyecciones de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, donde Colombia sale bien librada con una revisión al alza.

Es así como se espera que Colombia registre un crecimiento de 7,1% en 2022, por encima del 5,4% proyectado en junio pasado. Pero, para 2023 se espera un crecimiento del 2,1%, por debajo del 3,2% anterior. Para 2024 sería del 2,8%. 

De acuerdo con el informe, el país de la región con el mayor crecimiento será Guyana con57,8% para este año, seguido por Barbados, con 10,5%; Bahamas, 8%; y Santa Lucía, 7,9%. 

Por su parte, los países que registrarán menores crecimientos son: Paraguay (-0,3), Chile (1,8%), México (1,8%), El Salvador (2,4%), Brasil (2, 5%), Ecuador (2,8%) y Perú (2,7%). 

Según el Banco las economías de América Latina y el Caribe recuperaron sus niveles de prepandemia y la región recobró cierta sensación de normalidad, aunque la economía debe reactivarse para evitar un nuevo ciclo de bajo crecimiento. Las inversiones sociales y en infraestructura pueden convertirse en motores clave del crecimiento y la prosperidad compartida

Se calcula que el PIB regional crecerá 3,0 por ciento en 2022, una tasa mayor a lo previsto anteriormente debido al alza en los precios de las materias primas. 

No obstante, la fuerte incertidumbre que recorre el mundo como resultado de la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias impactarán sobre las economías de la región. Se prevén tasas de crecimiento bajas, de 1,6 por ciento y 2,3 por ciento en 2023 y 2024, respectivamente, similares a los bajos niveles observados en la década de 2010 e insuficientes para lograr avances significativos en términos de reducción de la pobreza . La inflación requerida, que si bien en la mayoría de los países se encuentra en los niveles de la OCDE, de esfuerzos continuos para que esta descienda al nivel de los objetivos anteriores. 

“La mayor parte de las economías recuperaron sus niveles de prepandemia, pero esto no es suficiente. Los países de la región tienen la oportunidad de reconstruir mejor luego de la crisis y lograr sociedades más justas e inclusivas”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Además de poner en marcha las reformas e inversiones necesarias para acelerar el crecimiento, los gobiernos deben encarar los costos estructurales: los años de escolarización perdidos, las vacunas no suministradas y el impacto diferido de la inseguridad alimentaria que la recuperación del PIB disimula”. 

La región está bien posicionada para replantear su trayectoria de desarrollo. El empleo prácticamente recuperó sus niveles de prepandemia, las escuelas reabrieron y, con excepciones en el Caribe, la elevada tasa de vacunación contra la COVID-19 permitió el regreso a la normalidad. 

No obstante, las secuelas de la crisis persisten y deben ser atendidas. Si bien la pobreza monetaria descendió del 30 por ciento en 2021 al 28,5 por ciento en 2022, sigue estando en un nivel alto; al tiempo que los costos a largo plazo de la crisis en la salud y la educación deben ser subsanados de manera urgente, tanto para reactivar el crecimiento como para mitigar el aumento en la desigualdad. 

“Manejar la carga creciente de las deudas finales de la crisis mientras se genera un margen fiscal suficiente como para realizar inversiones que promuevan el crecimiento requiere de nuevas fuentes de ingresos que deberían ser analizadas cuidadosamente, así como un mejor uso del gasto existente. En promedio, se podría ahorrar el 17 por ciento del gasto público y, en dos tercios de los países, este ahorro serviría para eliminar los déficits fiscales actuales”, dijo William F. Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Racionalizar el gasto del sector público es un paso hacia la construcción de gobiernos más eficientes, receptivos y confiables”. 

El informe plantea que los países deben analizar cuidadosamente sus opciones de gasto público y de política tributaria para favorecer la equidad y evitar posibles efectos adversos. Esto incluye mejorar la eficiencia del gasto: en promedio, el 4,4 por ciento del PIB — o 17 por ciento del gasto— se malgasta en transferencias mal dirigidas, deficiencias en las contrataciones públicas y políticas públicas de recursos humanos ineficientes.