(EFE).- El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y se encuentra en la sede de la prefectura de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente señalado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

El pleno del Congreso destituyó a Castillo, por «permanente incapacidad moral» con 101 de 130 votos a favor, después de que este anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la vicepresidenta.

Tras esta decisión, el Parlamento citó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que jure como nueva jefa de Estado, en reemplazo de Castillo, y se convierta, de esa manera, en la primera mujer gobernante de la historia del país.

«Se cita a las 3.00 p.m. a la sesión del pleno del Congreso, en el que se tomará juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma el cargo de presidenta de la República», informó el Congreso en un mensaje publicado en Twitter.

La decisión fue anunciada por el presidente del Legislativo, José Williams, luego de que Castillo fuera destituido por el pleno por «permanente incapacidad moral», tras anunciar que iba a disolver el Congreso y la formación de un Gobierno de emergencia nacional.

Williams informó que, a partir de la decisión del Congreso, se activa la sucesión presidencial contemplada en la Constitución, y se convoca a sesión del pleno para que Boluarte jure como la primera mujer en asumir la presidencia peruana en 200 años de vida republicana del país.

El Congreso denuncia un golpe

Legisladores de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado al anunciar que dicta la disolución del Parlamento y la conformación de un «Gobierno de emergencia» en el país.

«Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales», declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.

La parlamentaria agregó que la decisión del gobernante «es claramente un golpe al estilo del 92», en referencia al «autogolpe» que dio en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que también disolvió el Congreso.

El congresista derechista José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular y excomandante de las Fuerzas Armadas, afirmó que, «por supuesto que es un golpe de Estado», y que las Fuerzas Armadas «respaldan al Congreso».

La fujimorista Martha Moyano coincidió en que se trata de un golpe de Estado y aunque pidió guardar «la calma», dijo que se debe «alzar la voz, decir las cosas como son».

La disolución dictada por Castillo

El mandatario peruano decidió hoy disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

«Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».

«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», agregó.

Castillo añadió que «todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas» y que «quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley».

Funcionarios renuncian

El canciller peruano, César Landa, denunció que Castillo dio «un autogolpe de Estado» e invocó a la comunidad internacional a ayudar al «re-encauzamiento democrático en Perú», además de declarar que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo.

Otro compañero de gabinete, el ministro de Justicia de Perú, Félix Chero, anunció su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo pasado por «respeto a la institucionalidad democrática», como también lo hicieron los titulares de Economía y Trabajo.

Entre tanto, el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, se unió a la ola de dimisiones.

«No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos», dijo el embajador en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington. La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, denunció, sin renunciar, que el cierre del Congreso y la conformación de un Gobierno de emergencia dictado por el mandatario Pedro Castillo constituye un «golpe de Estado».