Se estima que el 3,3% de los productos que se comercializan por plataformas electrónicas en el mundo son adulterados o falsificados y, de acuerdo con la OCDE, para 2035 esta cifra se podría multiplicar por diez.

Colombia no es ajena a esta realidad y, de acuerdo con los resultados del estudio de ‘Caracterización del Comercio Electrónico Ilegal en Productos de Consumo Masivo’, lanzado por la ANDI, existe un importante rezago normativo, en cuanto a lo administrativo y penal, que impide contener el comercio electrónico ilegal en el país; lo cual, sumado a las limitadas capacidades técnicas y de personal de las autoridades, permite que no se generan resultados de impacto contra la criminalidad.

“El comercio electrónico creció un 53% durante la pandemia y se espera que en 2025 represente el 7% de la facturación total del retail nacional. Así mismo, en 2021 se superaron los 6.000 millones de transacciones en Colombia tasadas en $36 billones, lo que evidencia el potencial de este canal de ventas. Sin embargo, en la medida que el comercio electrónico ha crecido, también han aumentado los riesgos para los consumidores de adquirir productos adulterados o falsificados, pues no existen los controles suficientes para evitar que esto pase”, señaló Silvia Montoya, gerente del Proyecto contra la Falsificación de Productos y la Usurpación de Marcas de la ANDI.

Dentro de los productos que generan mayor riesgo para los consumidores, al ser vendidos sin tener garantías sobre su calidad o procedencia, y que fueron el foco del estudio, se encuentran los medicamentos, suplementos dietarios, bebidas alcohólicas, alimentos, artículos de aseo personal y para limpieza del hogar, y agroquímicos, que en la actualidad están siendo comercializados en plataformas digitales, sin que los usuarios puedan siquiera identificar al vendedor.

 “Productos como medicamentos de control especial y los controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, cuya comercialización libre está expresamente prohibida por la Ley al ser susceptibles de generar dependencia o requieren prescripción específica, se están vendiendo por los canales electrónicos, en la mayoría de los casos por personas naturales sin autorización, que no cuentan con ningún tipo de registro sanitario; lo cual genera dudas sobre la capacidad de autogestión y control de las plataformas donde se ofertan”, agregó Montoya.

En ese sentido, la ANDI hace un llamado a las autoridades para que se promueva la creación de una política pública que permita generar un marco regulatorio seguro para el comercio electrónico. “Si bien el nivel de penetración del comercio electrónico ilícito aun es bajo, las condiciones están dadas, entre rentabilidad e impunidad, para su expansión en todos los sectores. Es urgente adoptar medidas reales de control al registro de oferentes en las plataformas. Al mismo tiempo, se debe hacer un trabajo mayor de prevención para que los ciudadanos tomen consciencia de las medidas preventivas que deben tomar al momento de adquirir un producto por canales digitales, como por ejemplo identificar al vendedor, buscar referencias u opiniones de usuarios anteriores y sospechar cuando el valor de un producto está por debajo del precio regular del mercado, ya que en la gran mayoría de los casos esto significa que es un producto adulterado o falsificado”, dijo Montoya. Finalmente, el estudio concluyó que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo ofrece una gran oportunidad para visibilizar la problemática, priorizar presupuestos que mejoren las capacidades actuales para hacerle seguimiento a los casos relacionados, definir metas conjuntas entre el sector público y privado y adoptar estándares de otros países de la OCDE basados en la prevención.