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(AFP).- Los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno para reprimir a la oposición, afirmó la ONU el martes en un informe.
«Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolas Maduro (…)», aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», denunció Valiñas.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos «en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad», señaló la misión en un comunicado.
La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron «sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes» perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.
Entre los métodos de tortura figuran «palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca'», detalla el texto.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
En Caracas, Provea, una de las ONGs más activas en la denuncia de violaciones a DDHH en el país, denunció este martes que dos funcionarios del Sebin intentaron ingresar a su sede para «intimidar» a familiares de trabajadores detenidos que daban una rueda de prensa para exigir su libertad.
«Nos parece muy preocupante ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y contra quienes hoy denuncian la política de represión del presidente Nicolás Maduro», indicaron voceros de la ONG.
Órdenes de Maduro
Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a disidentes y opositores al gobierno. En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, «participaron en la selección de los objetivos».
El informe también cita a Diosdado Cabello, un poderoso dirigente chavista, como autor de órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el Sebin.
Los servicios de inteligencia «han torturado o infligido malos tratos a detenidos –entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos– principalmente en el centro de detención ‘El Helicoide'», en la capital venezolana.
Exdetenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos «tenían que orinar en botellas de plástico», porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas «privilegiadas» con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.
La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014.
«Tanto el Sebin como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos», añade.
La misión, que ya presentó dos informes –en 2020 y en 2021– haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, «continúan hasta hoy».
Y «han tenido lugar en un clima de casi total impunidad», apunta Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
Zona minera
El panel de la ONU también publicó un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por «actores estatales y no estatales», contra la población local en el llamado Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.
El grupo detalla «privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género».
En el estado de Bolívar y en otras zonas mineras, «las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro», añade.
La misión insiste en la necesidad de una investigación más profunda sobre esta región.
Patricia Tappata Valdez, miembro de la misión, describe la situación en Bolíva de «profundamente inquietante»
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. «Venezuela sigue enfrentada a una profunda crisis de derechos humanos», aseguró Valiñas.
