Los esfuerzos políticos para contener el aumento de las tarifas eléctricas pueden ser indicios de mayor intervención gubernamental y podrían debilitar los perfiles crediticios en la categoría de entorno regulatorio (ER) de las empresas colombianas de servicios públicos, dice Fitch Ratings. 

La incertidumbre política y resultados regulatorios desfavorables, como la falta de transparencia o independencia en los procesos regulatorios, son factores clave para el perfil de riesgo crediticio de empresas de servicios públicos regulados. Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la presión inflacionaria en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios que compensen los costos crecientes de producción.
La mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen perfiles crediticios robustos, en línea con niveles bajos de grado de inversión y Perspectivas Estables. Sin embargo, un cambio estructural sustancial en el entorno regulatorio del sector eléctrico, debido a una interferencia política, podría influir directamente en los perfiles crediticios de las compañías de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente en los servicios de agua y distribución de gas natural. Estos sectores comprenderán aproximadamente el 55% del portafolio de corporativos no financieros calificados por Fitch en Colombia.
El enfoque de Fitch considera que el riesgo de que los márgenes de rentabilidad y las medidas de protección crediticia pueden ser erosionadas y las graves afectadas, sobre todo, en mercados donde el objetivo de la autoridad regulatoria es reducir los precios para el usuario final. Una interferencia mayor del gobierno en las regulaciones de los servicios públicos, un marco regulatorio sesgado hacia las necesidades de los usuarios finales a gastos de los participantes del sector y/o un retraso significativo para recuperar el capital invertido y los costos de operación son factores que si considera inconsistentes con los entornos regulatorios de grado de inversión.
Históricamente, el procedimiento de fijación de tarifas para las empresas colombianas de transmisión y distribución ha sido transparente e inclusivo, consistente con una evaluación de grado de inversión bajo el enfoque de Fitch. Para Fitch, la fortaleza de la estructura regulatoria de Colombia es positiva para los perfiles crediticios del sector ya que equilibra el interés de los usuarios finales con los retornos de las compañías de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas . Para el negocio de generación, las regulaciones han evolucionado para asegurar la confiabilidad del sistema a largo plazo.
En agosto de 2022, la factura eléctrica promedio anual en Colombia aumentó 25,9% mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 10,8%. En respuesta a presiones externas, incluso del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha propuesto diferentes alternativas para frenar las presiones inflacionarias sobre los usuarios finales. Estos incluyen el uso del índice de precios al productor (IPP) o IPC, el más bajo, como base para determinar las tarifas eléctricas en el corto plazo, y la creación de un indexador específico para el sector eléctrico en el mediano plazo.

Actualmente, las tarifas eléctricas colombianas se calculan mediante una variedad de medidas de explosión de costos establecidos. Por ejemplo, para las empresas de generación los acuerdos de compra de energía generalmente están indexados al IPP y la actividad de transmisión a menudo se indexa con el IPP local o incluso el de EE. UU.; depende de los activos. La actividad de distribución se indexa por medio del IPP e IPC para los gastos de administración, operación y mantenimiento.