Desde que el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio comenzó a hacer requerimientos a las empresas para saber cómo fijan los precios, cuáles son los márgenes de ganancia, etc., se ha destado una ola de críticas ya que eso viola la libertad de empresa, la libre competencia y otra serie de factores.
En tal sentido, han sido diversos los pronunciamientos de las empresas. Por ejemplo, Natalia Gutiérrez presidenta de Acolgén y del Consejo Gremial, indicó que la Constitución es clara. El Estado no puede coadministrar empresas privadas. El artículo 333 protegió la libertad económica y la reserva comercial. Vigilar mercados nada tiene que ver con exigir cómo se fijan precios o márgenes.
Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas.
Perseguir abusos no es lo mismo que vigilar la rentabilidad. Sancionar prácticas anticompetitivas probadas es válido y lo apoyamos. Pero fiscalizar cuánto gana una empresa o como adopta esta sus políticas de mercado, sin indicios de ilegalidad, no sólo es riesgoso sino que es inconstitucional.
Cuando el regulador cruza esa línea, el mercado deja de ser libre. Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios.
La reserva comercial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Obligar a revelar información estratégica sin proceso ni base legal debilita la seguridad jurídica y la confianza.
El problema de Colombia no es que las empresas ganen. Es que el Estado no ejecute. Cuando el gobierno deja de corregir sus fallas y empieza a disciplinar al mercado, pierden el empleo, la inversión y el crecimiento.
Esto no es ideología. Es Constitución. Defender la libertad de empresa no es defender abusos, es defender el marco que hace posible la inversión, la innovación y el empleo.
La reserva comercial no se negocia, es una garantía constitucional. Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada y pasado mañana no habrá empresas ni productividad.
La Andi
Por su parte el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, recordó que el 22 de noviembre del año 2011, el gobierno de Hugo Chávez emitió la resolución 006 mediante la cual se le permitía a las autoridades, pedir información sobre los costos de la producción, los costos de transformación, los detalles de los balances de las compañías que se utilizaban para la formación de precios, los usos de tecnología y costos asociados a la misma. El mundo libre identificó en esas medidas, una afectación fundamental al funcionamiento del libre mercado, a la libre empresa, a la confidencialidad, a las libertades.
“Mucho preocuparía que en Colombia estuviéramos tomando medidas similares a las que fueron tomadas en ese momento en Venezuela. Por esta razón, vemos con gran preocupación, los requerimientos que han sido hechos a algunas compañías en términos similares a los descritos por la resolución 006 de aquel mes de noviembre. Por esta razón hemos levantado las alertas para que no vayamos a caminar por esa peligrosa senda, que termina afectando gravemente la sociedad y las libertades contenidas en nuestra Constitución”.
La Andi expresó su profunda preocupación frente al aparte del documento publicado por el Gobierno Nacional, relativo a una serie de preguntas que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría realizando a algunas empresas que operan en el país.
Aunque la SIC tiene la posibilidad de solicitr información a personas naturales o jurídicas, esta facultad la debe ejercer en los precisos términos que la ley establece. Excede las facultades de la Superintendencia solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales.
Cuando no se actúa en desarrollo de una competencia expresamente atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. Esto afecta la competitividad y la seguridad jurídica, elementos esenciales para los actores del mercado formal en Colombia.
No existe norma que asigne a la SIC la competencia de inspeccionar, en sí mismos, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología por parte de las empresas. La Andi reafirma que la protección del consumidor colombiano constituye un elemento esencial dentro de nuestro orden jurídico; sin embargo, su ejercicio debe realizarse de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares.
Debe recordarse que, de acuerdo com el artículo 6 de la Constitución Política, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les sean expresamente atribuidas por la ley. En este caso, no resulta claro, cómo las preguntas formuladas corresponden al ejercicio de competencias asignadas a la SIC.
Las facultades para solicitar información no son una carta en blanco en un Estado de Derecho, en el que los derechos de los asociados, en especial el derecho al debido proceso administrativo, siempre han obrado como límite al poder del Estado.
Los comerciantes
Entre tanto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas, a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía.
Quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios. Sería bueno que el gobierno recuerde y tome nota de la esencia del Artículo 333 de la Constitución Nacional. “Le convendría a las cabezas visibles del gobierno que se empapen aunque sea un poco de los fundamentos de la teoría económica, en particular de la microeconomía para no pasar por la pena de estar haciendo peticiones traídas de los cabellos”.
Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas, no es la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año, indicó.
Agregó que este es un paso mas hacia el camino erróneo de la Venezuela chavista. Los controles de precios acabaron con la prosperidad de ese país y redujeron a su mínima expresión la empresa privada, con las nefastas consecuencias de hambre, migración y empobrecimiento general de todo un país.
La información que está pidiendo la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a las empresas; relacionada con sus estrategias sobre fijación de precios constituyen un nuevo paso en falso de este gobierno en contra del empresariado colombiano y es una muestra más de su animadversión a la libre empresa.
“Sin duda, este proceder constituye una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales. Pretenden convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función. Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, afirmó el dirigente gremial.
Tras calificar de peligroso los anuncios y amenazas del Gobierno; el vocero empresarial explicó que los controles de precios nos remontan a épocas ya superadas del comunismo de la cortina de hierro.
Según una comunicación enviada a varias empresas colombianas, la Superintendencia les exige revelar los procedimientos y criterios jurídicos, técnicos y comerciales con los que fijan precios, descuentos y márgenes de ganancia, así como explicar cómo los cambios en costos de importación, logística y otras variables inciden en su estructura de costos.
El presidente de Fenalco explicó que pretender que un establecimiento comercial desglose la forma en que fija los precios de más de 40.000 referencias es, sencillamente, una exigencia imposible de cumplir. “A las cabezas visibles del Gobierno les vendría bien empaparse, aunque sea mínimamente, de los fundamentos de la teoría económica, en particular de la microeconomía, para no incurrir en la pena de formular solicitudes traídas de los cabellos”. Por ejemplo, dijo, se les pide a los comercios que informen si venden productos con variaciones frecuentes de precio, lo cual resulta una perogrullada cuando se trata de alimentos perecederos, cuya oferta en las centrales mayoristas cambia a diario.
“Igualmente, es obvio que si el inventario de ciertas mercancías es persistentemente alto, los comerciantes otorgan descuentos para deshacerse del exceso de existencias y hacer reposición con nuevas colecciones, en el caso, por ejemplo, de calzado y prendas de vestir”.
En su concepto, las amenazas del gobierno de castigar a las empresas no es la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año. “Al contrario, pueden profundizar aún más el problema de la inflación porque se podría registrar contrabando y desabastecimiento de las mercancías sometidas a controles administrativos”.
Amcham
A su vez, la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, manifestó su preocupación frente al alcance de los recientes requerimientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a varias empresas del sector comercial, relacionados con la definición de precios, márgenes de ganancia y estrategias promocionales, así como el anuncio hecho por la entidad del envío masivo de requerimientos en las próximas horas.
Si bien AmCham Colombia reconoce y respalda el rol de la SIC como autoridad encargada de proteger la libre competencia y los derechos de los consumidores, advierte que solicitudes amplias y generalizadas de información sobre estructuras internas de precios y márgenes pueden generar incertidumbre jurídica y afectar la autonomía empresarial, protegida por la Constitución Política.
La libre fijación de precios es un pilar del modelo económico colombiano. Cualquier intervención estatal debe estar claramente delimitada por la ley y responder a investigaciones concretas, para evitar efectos adversos sobre la competencia, la inversión y el bienestar del consumidor.
AmCham Colombia hace un llamado a fortalecer el diálogo técnico e institucional entre el sector privado y las autoridades, como vía para proteger al consumidor sin debilitar la libertad económica ni la dinámica competitiva del mercado.
Gobierno defiende la intervención
La superintendente de industria y comercio, Cielo Rusinque, en diálogo con Caracol radio defendió la intervención que viene haciendo la entidad y señaló que “los empresarios deben estar satisfechos de que una entidad encargada de velar por las buenas prácticas en el mercado cumpla con su misionalidad y, pues, para ello, evidentemente, la superintendencia tiene que hacer uso de los instrumentos que tradicionalmente ha utilizado”
De hecho, señaló que “llegamos al extremo de decir que un simple requerimiento de información para poder determinar si se han cometido eventuales conductas que violen el régimen, sea en materia de libre competencia, sea en materia de los derechos de los consumidores, les resulta escandaloso”.
La funcionaria defendió la legalidad. “Es importante recordar que esto tiene total fundamento legal y constitucional, que nosotros necesitamos poder acceder a esa información que nosotros pedimos en el marco denuestras indagaciones para poder determinar basados en elementos objetivos, documentales, que nos permitan hacer esos análisis respectivos para, en el marco de una investigación que goza de todas las garantías”, señaló.
Con esto, afirmó que buscan señalar si existen violaciones al régimen o no, y en consecuencia poder actuar.
